El fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, se reunió este miércoles con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, y reconoció, tras el encuentro, que el Ministerio Público no estaba preparado para el estallido social y los delitos que se cometieron en ese contexto.
Ayala aseguró que, principalmente en las regiones, no estaban los métodos para poder investigar estos hechos, relacionados con violaciones a los derechos humanos en el caso de las policías, y a todos quienes están detenidos por delitos relacionados con las protestas y para quienes hoy se pide un indulto general.
“Ha sido un trabajo complejo por varias razones. Primero porque como país no estábamos preparados para esto. Las policías no tenían órganos especializados en investigar este tipo de delitos, salvo en Santiago algunas unidades especializadas que se crearon como consecuencia de investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, pero en regiones el personal es escaso”, dijo Ayala.
“Estos son delitos de mucha complejidad que requiere de una preparación, no solamente de los policías, sino también en la Fiscalía de Chile, y nosotros, por ser una institución joven, tampoco teníamos la preparación necesaria”, añadió.
El fiscal regional se comprometió con el INDH a darle celeridad a las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos. “Necesitamos dos cosas; el apoyo de las policías en declarar y cooperar con la investigación y también la declaración de la gente, de las víctimas que tienen la información”, dijo.
Sobre los presos por haber cometido delitos en el marco del estallido social, Ayala fue enfático en decir que la fiscalía no persigue ideas, sino delitos.
“Hemos sido muy claros y categóricos: la fiscalía no persigue a personas ni ideas ni religiones, nosotros perseguimos exclusivamente delitos. La movilización social es un derecho humano, pero el cometer delitos, está estructurado en la ley y nuestra responsabilidad es perseguirlos”, ratificó.
“En la región de Antofagasta hay tres o cuatro personas privadas de libertad por lo que algunas personas denominan presos políticos. He sido muy claro, en declaraciones anteriores, que nosotros no tenemos presos políticos, tenemos un par de personas privadas de libertad por delitos comunes y todos esos casos son ventilados en los tribunales de justicia, dentro de un debido proceso, con la celeridad que corresponde, y con abogados defensores que pueden hacer valoren todo momento los derechos que tienen esos imputados”, insistió.
