Tras las críticas que realizó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por la filtración de la declaración del presidente Boric en el caso Monsalve, el fiscal nacional Ángel Valencia, anunció que el Ministerio Público adoptó medidas para reforzar la protección de la información en investigaciones penales.
En un oficio con fecha del 3 de diciembre, el fiscal Valencia destacó que "durante mi gestión he decidido avanzar en ciertas reformas que creo son necesarias para abordar este aspecto a fin de asegurar, por un lado, un adecuado ejercicio de la acción penal y de la dirección de las investigaciones y, por el otro, promover el cumplimiento de la reserva de las actuaciones de las diversas investigaciones penales".
Una de las medidas clave fue una instrucción general emitida el 16 de octubre, que establece directrices para el manejo de la información en investigaciones complejas.
La regulación incluye tres puntos esenciales:
- Procedimiento para entregar copias: Solo se entregarán copias a las personas involucradas que presenten su cédula de identidad y demuestren su calidad de representantes legales en el proceso penal.
- Revisión de expedientes de investigación: Las solicitudes deben enviarse a través de correo institucional y serán evaluadas y resueltas dentro de los plazos definidos por el sistema de justicia penal. Si las copias no se retiran en la fecha establecida, será necesario hacer una nueva solicitud. Si se aprueba, la revisión del expediente se programará en un día y horario determinado
- Protección de datos personales y confidenciales: Al compartir información con personas que estuviesen involucradas o terceros autorizados, se procederá cuidadosamente para no vulnerar los derechos de las víctimas o de los imputados. Esto incluye información personal o confidencial que no tenga relevancia para la investigación.
Cabe señalar que durante los últimos días, la Fiscalía ha informado sobre la apertura de investigaciones por la filtración de información de varios casos, como el Caso Convenios y la investigación penal relacionada con el posible acceso ilegal o indebido a los antecedentes del caso vinculado al Presidente Gabriel Boric.
