La defensa del ex agente de la CNI, Álvaro Corbalán anunció que iban a solicitar un indulto a la Presidenta de la República por razones humanitarias, dado que el ex militar se encontraría aquejado por diversos problemas de salud. Estó último provocó reacciones inmediatas por parte de las organizaciones de víctimas y familiares de Detenidos Desparecidos. 

Una de las primeras reacciones vino desde la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien aseguró en Cooperativa que el Ejecutivo "no ha cumplido con su programa respecto a las violaciones de derechos humanos". 

Los dardos de Pizarro apuntaron especialmente al Poder Judicial, acusándolo de ser "el principal actor que permite la impunidad de los genocidas".

Al respecto, la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, señaló que el indulto "forma parte también de los procedimientos que hoy existen en nuestro Estado de derecho, nuestro orden jurídico y, por lo tanto, tiene que ocurrir con todos los procedimientos que están establecidos".

De todas formas, la Secretaria de Estado aseguró que "otra cosa es que nosotros tengamos una postura clara respecto de la imprescriptibilidad de todos los delitos de lesa humanidad".

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