El sorpresivo allanamiento que autorizó el Juez Urrutia en la casa de Vivanco (pese a haber protestado en su contra la semana pasada)

Qué observar. A las 13.45 del lunes 9 de septiembre, pocos minutos después de que el pleno de la Corte Suprema anunciara la apertura de un cuaderno de remoción contra la jueza Ángela Vivanco, por presunta irregularidades en la tramitación de causas y nombramientos judiciales, a la sede del Palacio de Tribunales ingresó el juez del 7°Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.

• El juez iba acompañando a una delegación de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) que acudieron a presentar un escrito pidiendo la renuncia inmediata de la jueza Ángela Vivanco y que la Corte Suprema abriera sumarios contra otros jueces investigados por la Comisión de Ética, como Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Mario Carroza.
• Urrutia junto al dirigente de OTJ, Marcelo Acevedo, desplegaron un lienzo en la entrada de Tribunales con el mensaje “No más corrupción en el Poder Judicial”.
• Luego en el segundo piso, junto al salón plenario de la Corte Suprema, dieron una conferencia de prensa, donde Urrutia estuvo detrás de Acevedo, en que valoraron la celeridad con que la Corte Suprema abrió el cuaderno de remoción contra Vivanco y pidieron ampliar las sanciones contra otros magistrados.
• El 8 de septiembre -luego que se conocieran los chats de Hermosilla con Vivanco- el juez Urrutia publicó en su cuenta de X: “En OTJ llevamos meses exigiendo a la Corte Suprema que abra sumarios administrativos y suspendan a los involucrados, ministros Matus y Vivanco”.
• Conocido por participar activamente en redes sociales, ese mismo día apoyó una publicación en X que decía “esto es intolerable, asquea. Vivanco debe renunciar o ser expulsada y no como mero chivo expiatorio, debe investigarse todo acto de corrupción”.

Decisión del juez. Por esas actuaciones, en tribunales sorprendió que fuera el mismo juez Urrutia quien autorizara este lunes una orden de allanamiento solicitada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer en la casa de Vivanco en Las Condes. Además se emitió instrucción de descerrajar el inmueble en caso de existir resistencia.

• Pasadas las 21 horas, efectivos de Carabineros6 ingresaron a la vivienda de la jueza, requisando un celular de la magistrada, una tablet y el computador de su hija, abogada recién egresada de Derecho de la Universidad Católica.
• La existencia de los dispositivos no habían sido informados por Vivanco cuando Carabineros acudió a su domicilio la semana pasada a incautar su celular principal y su notebook. Posteriormente también se requisó un equipo computacional de su oficina en la Universidad Católica.

Nulidad. La defensa de la magistrada -equipo integrado por los abogados Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio- pedirán que se declare la nulidad del allanamiento de anoche, ordenado verbalmente por Urrutia, por no conocer el fundamento del mismo.

• Pero además pedirán la inhabilitación del juez por sus intervenciones públicas contra la jueza.
• Además consideran que debió inhabilitarse ya que tiene temas disciplinarios pendientes y es interviniente en una causa de él contra la Asociación de Magistrados que se están viendo en Tercera Sala de la Suprema, y donde Vivanco ha emitido resoluciones.
• Esperan que tribunales superiores puedan analizar las actuaciones de Urrutia y determinar sanciones, en caso de haber incurrido en una falta.

Las controversias del juez. Daniel Urrutia Laubreaux nación en 1974 y lleva 24 años del carrera en el Poder Judicial.

• En 2004, la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Garantía de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos. Urrutia aprobó el curso y el 30 de noviembre de ese año envió a la Corte Suprema su trabajo final, donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
• La Corte de Apelaciones de La Serena aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito” en su contra, que luego la Suprema bajó a una “amonestación privada” y en 2018 dejó sin efecto, pero presente en su hoja de vida.
• La respuesta de Urrutia fue acusar en diciembre de 2005 una persecución en su contra y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más tarde pidió un permiso sin goce de sueldo, y permaneció en México entre 2009 y 2012.
• El 6 noviembre de 2020 el tribunal internacional notificó que consideró al Estado de Chile responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales del juez. Resolvió compensarlo con US$ 27 mil por concepto de daño inmaterial y reembolso de gastos de litigio, pero rechazó pagar los $110 millones de remuneración que pedía por los 3 años que estuvo en México y los viajes que hizo a Chile en ese lapso.
• El 25 de marzo de 2020, el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.
• Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. En ese contexto se manifestó contra la prisión preventiva de los presos del 18-O. “La mantención de prisión preventiva en los casos del estallido social tiene un alto componente político. Por eso yo sostengo que hay presos políticos”, dijo.
• En 2021 volvió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
• Respaldó a la desaparecida Convención Constitucional, donde expuso los motivos por los cuales estimaba que el Poder Judicial debía ser refundado.
• En esa época publicó un tuit junto al video de un punto de prensa de los convencionales Manuela Royo y Rodrigo Rojas Vade (quien luego renunció tras conocerse su falso cáncer) y otros, diciendo: “No más una justicia heteropatriarcal machista, colonial, servil a las élites abusivas que han mantenido a los pueblos sin una verdadera justicia”.
• El 10 de abril de 2023 la Asociación de Magistrados confirmó la censura por escrito que se le aplicó en primera instancia por sus dichos sobre “refundar” el Poder Judicial.
• En enero de 2024 el juez Urrutia ordenó a Gendarmería autorizar que 9 internos de la ex Cárcel de Alta Seguridad a realizar videollamadas a familiares y parejas, lo que fue criticado por Gendarmería.
• En marzo, la Corte de Apelaciones anuló los beneficios a reos de alta peligrosidad y dijo que el juez “actuó al margen de sus competencias y atribuciones”, ya que los internos a los que otorgó beneficios carcelarios no correspondían a su tribunal, no escuchó a las partes intervinientes ni fundamentó su decisión. Según el fallo, la decisión de Urrutia “se encuentra teñida de ilicitud”, por lo que se informó las irregularidades al pleno del Tribunal.