Luego de que el pasado martes la ministra de Educación, Adriana Delpiano, anunciara la decisión de nombrar a un administrador de cierre para la Universidad Iberoamericana, la Federación de Estudiantes de la casa de estudios se dirigió hasta el Congreso para reunirse con la Comisión de Educación y plantear sus problemas. 

"Nos parece un poco apresurada la intervención de la ministra, al decir que la Universidad debe tener un administrador de cierre", señaló la presidenta de la Federación, Paz Gajardo.

En el caso de que se concrete el nombramiento de un administrador de cierre, Gajardo pidió que "nuestros compañeros sean reubicados en universidades estatales para que tengan continuidad y no tropiezos en su carrera".

En tanto, al ser consultada sobre el ofrecimiento de la universidad Gabriela Mistral, que dijo estar dispuesta a aceptar a los alumnos de la Iberanomericana, la dirigenta lo calificó como "un aprovechamiento". 

"Lo que hizo la Gabriela Mistral sentimos que fue un aprovechamiento, ya que nuestros compañeros se fueron un poco en el abismo, tomaron una decisión apresurada, ya que está universidad tiene dos años y acreditación y no les puede entregar las herramientas que necesitamos", agregó.

Y agregó que se dirigieron a la Comisión de Educación para "plantear nuestros problemas e ir avanzando". 

Delpiano: "Para el gobierno ojalá no cerrara ninguna universidad"

También desde el Congreso, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que el nombramiento del administrador de cierre "no es la idea del gobierno". 

"Para el gobierno ojalá no cerrara ninguna universidad, porque son muchos los estudiantes que quedan en una situación a la deriva, por eso es que nosotros hemos dicho muchas veces la necesidad de contar con una situación preventiva anterior", dijo.

Además señaló que una vez que se nombre el administrador de cierre será su tarea determinar cuáles son las carreras que deben continuar y cuáles deberán traspasarse a otros planteles.

Y agregó que ahora la universidad tiene un plazo legal de 15 días para pronunciarse y para señalar si tiene o no el respaldo económico para continuar. 

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