El viernes pasado, el mismo día que 9 personas acudían al Hospital de Quintero por problemas de salud asociadas a intoxicación, la Contraloría General de la República rechazaba el decreto 82 del Gobierno que buscaba poder generar nuevas herramientas para decretar alertas ambientales.
Según informa El Mercurio, aquel decreto sólo tenía la firma del ministro de Salud. El ente fiscalizador exigía el compromiso del ministerio de Medio Ambiente de “presentar un plan de descontaminación antes del 31 de diciembre”.
Además, se informa que “el decreto 82 fue rechazado por no dar garantías a la autoridad sanitaria".
Tras el rechazo, el gobierno presentó el lunes siguiente el decreto 83, el que fue aprobado el martes por el contralor.
Este segundo documento contó con cuatro páginas y en este se establece que “el seremi de Salud de la región de Valparaíso tendrá facultades extraordinarias para disponer, según proceda, por ejemplo: Ordenar la disminución de la emisión de material contaminante de fuentes fijas comunitarias e industriales cuando las condiciones sanitarias así lo ameriten”.
El diario asegura que quienes conocieron el proceso señalan que, a diferencia de otros decretos, esta vez el propio contralor se involucró en su tramitación.
En ambos decretos se argumentaba que “no existe ninguna normativa a nivel nacional que regule la presencia de compuestos orgánicos volátiles en el aire”, y agregan de que se requiere la adopción de medidas que rezcan el riesgo de que su presencia en ambiente “afecte la salud de las personas”.
Tras el segundo decreto, las empresas de la zona acusan que puede haber un “exceso de discrecionalidad desde la autoridad para justificar la detención de una planta”.
