El conflicto mapuche se convirtió en uno de los capítulos más destacados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, que apareció hoy, al señalar que el 62% de los encuestados considera que ha aumentado en los últimos tres años, mientras que el 33% cree que se mantiene igual y solo un cuatro por ciento piensa que ha disminuido.
El tema ha estado en el centro del debate luego de una semana marcada por la situación de la machi Francisca Linconao. La imputada por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay depuso su huelga de hambre, luego que se modificara su prisión preventiva por arresto domiciliario.
Otro de los aspectos destacados de la muestra fue la respuesta a la pregunta “¿Usted cree que se debe aplicar la ley antiterrorista o la ley común a los mapuches involucrados en hechos delictuales violentos?”. El 58% subrayó que debe aplicarse la ley común y el 36%, la Ley Antiterrorista.
Sobre las razones del conflicto, el 43% del total de las menciones opina que se explica por la presencia de grupos violentistas en la zona y el 37%, por la política de entrega de tierras a los mapuches. Más atrás en el listado aparecen la pobreza, la falta de oportunidades y la discriminación (35%).
Sobre el origen de los grupos violentistas en La Araucanía, el 38% piensa que son chilenos no mapuches, 30% cree que con mapuches y 11%, que es extranjero.
Respecto a si se justifica la violencia para el reclamo de tierras, el 65% dice que no, el 25% que en algunas circunstancia y el 8% que siempre.
Para los encuestados, el 79% resalta que el país tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, mientras que el 74 % está de acuerdo con sus derechos de propiedad sobre las tierras que consideran ancestrales.
Por último, entre las soluciones al conflicto, el 50% destaca mejorar la educación y las oportunidades sociales, y a continuación aparecen la mayor participación política de los mapuches (36%) y la entrega de tierra (35%). La mayor mano dura de parte del gobierno y del poder judicial a los hechos de violencia recibe el 24%
La encuesta se aplicó a mayores de 18 años. En total, fueron 710 casos, 485 de ellos a través de entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 225, cara a cara.
