Sesenta minutos se extendió la audiencia. El 28 de marzo de 2016 el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo recibió en su despacho a representantes de la Coordinadora de Asociaciones Gremiales de Taxis Básicos, Coditach, que representa a cerca de 3 mil trabajadores del área.
Según consta en el portal de consolidación de datos de la ley del Lobby del Estado de Chile –que obliga a declarar reuniones de gestores de intereses particulares con autoridades- el secretario de Estado recibió al presidente y al secretario ejecutivo de la asociación, Mario Hidalgo y Andrés Torrejón, respectivamente. Junto a ellos llegó Karen Véliz, dirigenta de la Asociación de Mujeres Taxistas de Chile (Atamuch).
En la cita, los dirigentes hicieron ver su postura frente a la aplicación Uber, que permite a automóviles privados transportar pasajeros. Un sistema que los dirigentes califican de “ilegal”.
La cita no fue la única. El 10 de marzo, los mismos dirigentes se reunieron con Paula Flores, secretaria ejecutiva del Programa nacional de fiscalización del Ministerio de Transportes.
Según consta en el portal de lobby, los temas fueron la problemática del transporte informal y la aplicación Uber. Fue en ese contexto que se expresó el “reclamo sobre la permanencia de Uber en el mercado de los taxis” y se “mostraron los controles efectuados en informalidad y cómo han aumentado desde el año 2010 al 2015”. A diferencia de la Coditach, la Confederación Nacional de Taxis de Chile no registra audiencias en el portal de lobby del Estado.
Una semana después del último encuentro, el gobierno anunció que se aplicarían multas y retiro de vehículos de Uber y Cabify. "Es un transporte informal y por lo tanto ilegal" sentenció Gómez Lobo, quien comparó la actividad de estas empresas con la que ejerce el comercio ambulante versus el establecido.
“El problema no es la aplicación, es que usan vehículos que no están autorizados”, explicó en Tele13 AM.
La afirmación del ministro se da en un contexto donde el parque de taxis se encuentra lleno. "Si hay un acuerdo amplio en el Congreso, se puede ampliar el parque de taxis para incorporar estas aplicaciones", sostuvo el ministro.
La polémica entre taxis y Uber ha dado la vuelta al mundo desde la instalación de la aplicación en 2010, en San Francisco, Estados Unidos. Desde entonces, ha logrado expandirse a más de 230 ciudades en 50 países.
La versión del gremio
Andrés Torrejón, secretario ejecutivo de la Coditach, confirma a T13 la existencia de ambas reuniones, las que registraron debidamente ante el portal del lobby.
El dirigente detalla que en la reunión con la secretaria del programa de fiscalización del ministerio les manifestó la molestia frente a la instalación de Uber, y la proliferación de vehículos pirata (pintados como taxi, pero con patente blanca). Los estudios del gremio apuntan a que Bellavista, Vitacura y las salidas de discoteques de la Plaza San Enrique son puntos donde se concentra este tipo de automóviles.
La solución es eliminar la aplicación, no más Uber. Se dice que somos todos ladrones, somos todos sinvergüenzas, somos todos sucios, y está muy lejos de la realidad
“La informalidad ha sido caballa y no hay fiscalización, especialmente en la noche”, señala.
En cuanto a la reunión con Gómez-Lobo, Torrejón recuerda que hubo “una comunicación bastante fluida, y con harta altura de miras. Estuvimos viendo todo este tema de las aplicaciones y sacamos en conclusiones que el gobierno va a atacar en diferentes puntos, como podría ser el Sernac, el SII, y más fiscalización, por supuesto. También conversamos sobre la restricción vehicular, el decreto 80”.
Consultado sobre los reparos manifestados hacia Uber, el dirigente señala que “aparte de ser competencia desleal, no es normativa. Están trabajando bajo ningún punto de vista sobre la norma que tenemos hoy en día, entonces son ilegales para nosotros. No así las dos aplicaciones existentes que trabajan con nosotros, que son Easy Taxi y Safer Taxi”.
“Uno piensa qué saca uno con regirse bajo la normativa, si al final los otros nos están haciendo tira”, dice.
-¿Están dispuestos a que se regule de alguna forma el sistema de Uber’.
No pueden estar dentro del sistema, la solución es eliminar la aplicación, no más Uber. Ese es nuestro planteamiento. Ellos no entran dentro de la legalidad, fuera ellos.
- Uber se ha defendido señalando que es más eficiente y económico que los taxis tradicionales. ¿Qué les responde?
Se dice que somos todos ladrones, somos todos sinvergüenzas, somos todos sucios, y está muy lejos de la realidad. Porque no por unos pocos vamos a pagar el 100% de todo el parque, entonces si es por eso para mí es re fácil hablar: Ellos (Uber) no tienen permiso del Ministerio de Transporte para usar la franquicia de tomar un pasajero, ni privado ni público. Ellos no cuentan con los autos correspondientes y no tienen seguro contra accidentes para el pasajero, que es lo más importante. Ellos no han hablado nunca de eso.
Seremi: "Lo ilegal no es la aplicación, lo ilegal es que autos particulares presten servicios de transporte público"
T13 no pudo obtener una versión del ministro sobre la reunión con el gremio de taxistas. Matías Salazar, seremi de Transportes de la Región Metropolitana, es enfático en que no estuvo en ninguna de las dos reuniones antes citadas, pero sostiene que se trata de encuentros propios de la labor del ministerio.
Les hemos hecho ver a los gremios que nuestro juicio los servicios de transporte solicitados y prestados a través de la aplicación Uber y Cabify son ilegales por cuanto utilizan vehículos particulares para prestar servicios de transporte público
"Desde que llegamos al gobierno hemos tenido una conversación bien fluida con el gremio de taxis, tanto la Confenatach, la Codutach y con otras organizaciones que se nos han acercado, nos han pedido reuniones. Nosotros les hemos pedido que vengan a juntarse con nosotros. En general el último tiempo efectivamente las reuniones han tenido como principal tema los servicios ilegales de transporte, en que se solicitan mediante aplicación tales como Uber o Cabify, y en consecuencia ellos nos han pedido nuestra opinión de la prestación del servicio de transporte y las medidas que el ministerio va a adoptar para la fiscalización de estos servicios", sostiene a este medio.
Salazar sostiene que "nosotros les hemos hecho ver a los gremios que nuestro juicio los servicios de transporte solicitados y prestados a través de la aplicación Uber y Cabify son ilegales por cuanto utilizan vehículos particulares para prestar servicios de transporte público y en consecuencia eso está infraccionado por la ley con una multa de 10 y 15 UTM y el retiro del vehículo".
"Y además en los casos de los vehículos que tienen la autorización del registro del decreto 80, es decir, transporte privado remunerado creemos que ellos operan fueran de la modalidad transporte privado remunerado y en consecuencia también cometen una ilegalidad", agrega.
Desde la perspectiva del fiscalizaciones -señala- "les hemos hecho ver el año pasado tuvimos cerca de 20 mil fiscalizaciones a servicios de transporte de informal, obteniendo el orden de 7 mil infracciones y 4 mil retiros. Y en general. Discutimos formas de optimizar la fiscalización de servicios, tales puntos de atracción, donde estos servicios operan más. Ellos están en la calle y tienen una mirada sobre eso. Y discutirnos la mejor manera de optimizar la fiscalización que se hace".
-Cómo se sale de este problema?
"Lo ilegal no es la aplicación, lo ilegal es que autos particulares presten servicios de transporte público. En consecuencia lo que tienen que hacer estas aplicaciones -que efectivamente pueden mejorar la experiencia de los usuarios- es utilizar vehículos autorizados para prestar transporte público: es decir, taxis, taxis ejecutivos inscritos en el ministerio de transportes".
-¿Es factible ampliar el parque de taxis, para dar cabida a estos sistemas?
"Hace seis meses, en noviembre de 2015, se aprobó la extensión del congelamiento del parque de taxis a nivel nacional. Es decir hace seis meses se votó prácticamente por la unanimidad del Congreso la aprobación de esa ley. En consecuencia como ministerio de transportes no apoyamos la modificación a la ley de congelamiento del parque vigente. No apoyamos ni promoveremos ningún proyecto de ley tendiente a la modificación de la ley de congelamiento del parque vigente desde noviembre de 2015".
