El 2 de marzo de 2012 Daniel Zamudio fue brutalmente atacado por un grupo de cuatro individuos en el Parque San Borja de Santiago. Veinticinco días después, el joven de 24 años falleció en una habitación de la Posta Central.
El episodio motivó que se acelerara la Ley 20.609, también conocida como de antidiscriminación, cuyo origen se remontaba a 2005. Fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera el 12 de julio de 2012 y desde entonces se le conoce popularmente como la Ley Zamudio.
A cinco años del hecho, existen críticas al funcionamiento de la normativa y se ha hecho el llamado a las autoridades a promover un proyecto para perfeccionarla.
El gobierno de Michelle Bachelet ha mostrado esa intención y el 20 de enero pasado, la mandataria oficializó que durante este año impulsará un paquete de modificaciones. Esto como parte de las medidas contempladas en un acuerdo entre el Estado de Chile y el Movilh para desactivar una demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parejas del mismo sexo a quienes se les negó la posibilidad de contraer matrimonio.
Cuando asumió la Presidenta Bachelet le entregamos una minuta al gobierno señalando los aspectos que mejorar. Esperamos que luego entre al Congreso para su discusión.
Tanto el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) como la Fundación Iguales consideran urgentes estos cambios y ponen énfasis en las deficiencias existentes en el cuerpo legal.
Entre estos puntos destacan la falta de una institucionalidad antidiscriminación, el hecho que el demandado sea quien tenga que probar el acto de abuso, la multa entre 2 y 20 UTM que debe pagar si no logra hacerlo y que la reparación económica vaya a un fondo estatal y no a la víctima.
Para Rolando Jiménez, director del Movilh, el balance del accionar de la Ley Zamudio es “pobre”.
“De las 245 denuncias que ha recibido el Poder Judicial bajo esta ley, solo 13 han recibido una sentencia en favor del demandante, lo que demuestra su ineficacia”, dice.
Por lo mismo, agrega que se han enfocado en hacer ver la necesidad de modificarla.
“Cuando asumió la Presidenta Bachelet le entregamos una minuta al gobierno señalando los aspectos que mejorar. Esperamos que luego entre al Congreso para su discusión”, comenta Jiménez.
Hoy lo que existe es una herramienta para reaccionar ante un acto; falta una institucionalidad que busque educar en diversidad sexual y en derechos humanos.
Otro punto relevante para el Movilh es la posibilidad de cuestionar fallos judiciales o sentencias discriminatorias. “No es posible que la Ley no se pueda utilizar en casos de los tribunales”, subraya.
Juan Enrique Pi, el nuevo presidente ejecutivo de Fundación Iguales, también advierte sobre la falta de una institucionalidad antidiscriminación.
“Hoy lo que existe es una herramienta para reaccionar ante un acto; falta una institucionalidad que busque educar en diversidad sexual y en derechos humanos (…) No se trata solo de campañas, sino de esfuerzos sistematizados para prevenir la discriminación”, destaca.
Al igual que Jiménez, Pi cree que esa función debería recaer en organismo ya en funciones, como la subsecretaría de Derechos Humanos o el Instituto Nacional de DD.HH.
Iguales ha asumido esta modificación como parte del compromiso que le ha pedido a todos los candidatos presidenciales.
Entre otros problemas de la normativa, Pi resalta que la única sanción que se le aplica al discriminador sea “una multa a beneficio fiscal; falta que las víctimas tengan la posibilidad una indemnización de perjuicios”.
La reforma es considerada “fundamental” para Iguales, pues Pi asegura que a la comunidad homesexual “se les sigue discriminando en sus trabajos, en sus colegios y se les sigue agrediendo en las calles”.
Según cifras del Movilh, 18 personas LGTBI han sido asesinadas en el país desde 2012, cuando la agresión a Daniel Zamudio remeció al país y aceleró la normativa antidiscriminación.
“Esto no es un capricho, sino que una necesidad”, sentencia Pi.
