Una doctora y su hijo fueron dejados en prisión preventiva tras ser acusados de comercializar licencias médicas y recetas para obtener medicamentos sin necesidad de atención, en la Región de Aysén.
Se trata de una mujer de 67 años y su hijo de 50, acusados por el delito de infracción al Artículo 6 de la Ley 20.000 y el Artículo 206 del Código Penal.
El prefecto Luis Torralba indicó que "estamos dando cuenta de una investigación que se prolongó por aproximadamente tres meses, donde como PDI logramos detectar a una profesional de la salud quien, en compañía de su hijo, extenderían licencias médicas y certificados para obtener medicamentos sin atención médica previa".
"Calculamos un beneficio económico por sobre los $200 millones con esta actividad ilícita de la profesional", agregó.
Durante la investigación, la PDI detectó que la profesional de la salud se dedicaba a la venta y comercialización de recetas, licencias médicas, certificados médicos y medicamentos sujetos a un control especial del tipo estupefacientes-psicotrópicos, sin ningún tipo de evaluación médica o terapéutica.
Al mismo tiempo, la policía estableció que la doctora mantenía una consulta particular que utilizaba como fachada en el centro de Puerto Aysén, mientras que la venta era realizada por su hijo a través del cerco de su vivienda, previa coordinación con los interesados.
Tras realizar un procedimiento policial en la vivienda y consulta de la doctora, se incautaron comprimidos con los principios activos de fentermina y otros como clonazepam, clordiazepóxido, diazepam, midazolam, lorazepam y codeína, cuyo valor comercial asciende a casi $150 mil.
Por otra parte, se incautaron alrededor de $2 millones en efectivo, dispositivos electrónicos y evidencia documental relacionada con el ilícito, como recetas, licencias médicas, fichas médicas, cuadernos de anotaciones y libros de contabilidad, entre otros.
Tras ser detenidos, ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de ambos y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.
