El Ministerio del Interior informó este martes a las asociaciones de municipios la primera parte del plan de intervención en 30 comunas con los mayores índices de delincuencia y criminalidad, que tendrán como inicio un despliegue en diez comunas.
Este plan estará basado en cuatro ejes: persecución penal efectiva, patrullaje policial efectivo, control y fiscalización de armas, y rondas focalizadas de fiscalización.
La primera intervención está prevista para las comunas de Santiago, Puente Alto, La Pintana, Lo Espejo, Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Copiapó, Iquique y Arica. Esta semana ya comenzó el plan de intervención en la Región Metropolitana y desde la próxima en nueve regiones: Arica, Tarapacá, Atacama, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, y Ñuble.
En persecución penal efectiva se busca una mayor focalización para esclarecer los homicidios y delitos asociados, además de la creación de un grupo especializado entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).
El pilar preventivo involucra 120 comunas, con coordinación intersectorial con distintas subsecretarías y servicios del gobierno, que incluyen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y a la de la Niñez; los ministerios de Transportes, Desarrollo Social, Economía, Vivienda; servicios como Fosis y Senda, las delegaciones presidenciales, y gobiernos regionales, entre otros. El objetivo es robustecer la presencia del Estado sobre los espacios públicos.
Se recordó que en el año 2022 se invirtieron $ 21.000 millones en los programas de mejoramiento urbano (PMU) de seguridad y en 2023 se estima una inversión de $ 20.000 millones adicionales. Entre otras acciones, se consideran agilizar el financiamiento de los proyectos de programa Más Seguridad, Más Comunidad de arrastre 2022, que a la fecha suman 281 iniciativas por un total de $ 19.899 millones.
Una vez asignados estos proyectos, el programa habrá financiado a casi el 100% de las comunas del país mediante 584 iniciativas por un monto total de $ 41.530 millones
También, se propone la creación de una red de televigilancia que se gestione a través de un programa que permita financiar infraestructura vial, centros de televigilancia, e implementación del centro mediante contratación y capacitación de personal. También, facultar a los alcaldes para contratar personas para conducir vehículos municipales e inspectores con fines de vigilancia o patrullaje preventivo.
