La Defensoría de la Niñez le requirió este viernes al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile que los jóvenes que no hayan podido rendir su Prueba de Selección Universitaria (PSU) en “condiciones debidas”, puedan repetir la evaluación el próximo 27 y 28 de enero con los estudiantes que no pudieron rendirla.
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“En relación a aquellos y aquellas jóvenes que se vieron obligados a rendir la PSU en condiciones no favorables a la concentración y tranquilidad que una prueba de esta naturaleza demanda, y que han solicitado la intervención institucional para poder rendir la PSU en condiciones debidas, solicitaremos al Demre su inclusión en el grupo de jóvenes que tendrán acceso a la rendición de la PSU en la nueva fecha informada”, dijo la Defensoría de la Niñez.
La institución representada por Patricia Muñoz también tomó distancia de los petición del Ministerio de Educación, que fue respaldada por el Demre, de excluir del proceso de admisión 2020 a los estudiantes que hayan participado del boicot a la prueba.
“Velaremos por el resguardo y respeto efectivo del derecho al acceso a la educación de ellos y ellas como el de cualquier niño, niña o adolescente que viva en Chile. Derecho contenido en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales ratificados por Chile, que no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias y que, incluso, debe ser asegurado a quienes, habiendo sido condenados por la ley penal, se encuentran privados/as de libertad”, explicaron desde la institución.
En la misma línea, la Defensoría de la Niñez condenó la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, solicitada por el gobierno en contra de los adolescentes que actuaron como impulsores y voceros de la interrupción de la prueba.
“Sostenemos que esta ley resulta inaplicable a dicho grupo de la población, toda vez que respecto de las y los adolescentes, el mandato y obligación para Chile, en virtud de su ratificación, el año 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño, es la operación de una justicia especializada y específica para adolescentes”, argumentaron.
Sobre la suspensión de la PSU de Historia, aseguraron que ejecutarán acciones legales para que los menores de 18 años afectados vean asegurada la igualdad ante la ley y tengan la posibilidad de rendir una prueba que pudiera favorecer su situación de ingreso a la universidad.