Por Matías Sánchez Jiménez y Alfonso Concha
En diciembre de 2019, Unicef y el Poder Judicial firmaron un convenio titulado “Implementación de un proceso para determinación del Interés Superior del niño en la justicia de familia y en la justicia penal juvenil”. En él, se detallan dos puntos: crear un estudio que analiza el actuar de los jueces y juezas de familia —al momento de enviar a un niño, niña o adolescente (NNA) a una residencia del Estado— y la creación de una guía sobre el interés superior del niño, la que se realizó en base a los resultados del estudio.
La guía se estrenó en noviembre pasado, a través de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, y se compartió entre todos los magistrados del país, junto con un curso de capacitación. Sin embargo, los resultados del estudio se mantuvieron ocultos por más de un año.
Reportajes T13 tuvo acceso al documento y sus conclusiones:
“Las sentencias presentan falta de fundamentación o bien esta se presenta de manera insuficiente en relación con las exigencias legales y doctrinarias del razonamiento judicial”.
“No se elabora una fundamentación de cómo se evaluó y determinó, o no se indica cómo se llegó a determinar que la decisión responde al interés superior del niño o niña respecto del cual se está adoptando alguna medida”.
“Hay desconocimiento de la historia proteccional del niño en cada causa (…) Es claro que se dictan resoluciones sin mirar la historia del niño”.
“En las causas de protección examinadas, se observó que, con una alta frecuencia, los padres o familiares no cuentan con asesoría jurídica, por lo mismo no entienden los alcances procesales que tiene la causa”.
Frente al motivo por el cual este estudio se mantuvo bajo reserva sin conocimiento de la ciudadanía ni los intervinientes, el Poder Judicial, a través de un comunicado a Reportajes T13, aseguró que “el informe, que sirvió de línea de base para le elaboración de la guía, cabe aclarar que su contenido, desarrollado por UNICEF, no fue difundido por una razón muy sencilla: esa misma institución determinó su naturaleza reservada, en ningún caso fue una exigencia ni decisión del Poder Judicial”.
Sin embargo, frente a las declaraciones de la institución, Candy Fabio, Oficial de Protección de la Unicef, aseguró que “no hay una restricción interna, menos de parte nuestra. No sé si hay una restricción del Poder Judicial, creo que no, pero nuestra… cero posibilidades, porque lo entregamos. Se puso a disposición”.
Tras la exhibición del reportaje “Juzgados de familia: El informe oculto”, Patricia Muñoz, de la Defensoría de la Niñez, asegura haberse comunicado con Unicef para conocer las razones del eventual ocultamiento.
—Unicef nunca pidió al Poder Judicial que este fuera un informe reservado. Por lo tanto, esta es una decisión directa del Poder Judicial, lo que implica no entregar el informe y no publicitarlo, situación que me parece absolutamente grave, contrario a la transparencia que una situación como esta implica. Sobre todo con un tema tan sensible —comenta Patricia Muñoz, defensora de la niñez.
Las vulneraciones a los derechos de los NNA
En 2018, el Comité de los Derechos del Niño, y tras conocer una serie de vulneraciones a los NNA bajo la protección del Estado, informó a Chile que en las residencias “se violan sistemáticamente los derechos de los NNA”.
En ese informe del comité, uno de los puntos que se recalca es que los jueces y juezas de familia estaban ingresando niños a residencias solo porque sus familias vivían en una situación de pobreza. Un hecho que se vuelve a demostrar, según el informe que realizó Unicef y el Poder Judicial que hoy recién es posible conocer.
“En varias causas queda clara la deprivación sociocultural en los adultos, factor que podría hipotéticamente servir como fundamento de la internación (…) surge como un problema que los NNA de las familias con desventaja socioeconómica y cultural, son más frecuentemente internadas que las y los provenientes de otros grupos sociales”.
—El Estado chileno sigue estando en deuda con los NNA que están involucrados en el sistema proteccional y no solo con aquellos que terminan siendo destinados a una residencia. Tal como lo venimos diciendo, en reiteradas ocasiones en nuestros informes anuales, el Estado chileno no ha entendido que este es un tema que tiene que modificar estructuralmente (…) con los resultados de este informe, está claro que los estándares internacionales no se estarían respetando por la judicaturas, lo que resulta particularmente grave —explica Patricia Muñoz.
—Si Chile ha recibido, en reiteradas ocasiones, informes sobre el actuar de los jueces y juezas de familia, frente a la vulneración de derechos de los NNA, ¿por qué siguen ocurriendo estos hechos?
—Porque situaciones, como las que revela el estudio, no son abordadas con la profundidad y rigor que requieren. Como Defensoría de la Niñez, desafortunadamente conocemos bastante la habitualidad de soluciones judiciales que no solo carecen muchas veces de fundamento, sino que además no atienden al interés superior del niño, lo que es una obligación para el Estado de Chile, a través del Poder Judicial. Y, en ese sentido, desatienden los derechos de los niños y sus familias.
—Después de conocer los resultados del informe, ¿qué acciones tomará la Defensoría de la Niñez?
—El Estado chileno tiene tantas deudas que, como queda de manifiesto, no ha sido capaz de cumplir. Es por ello que hemos hecho la solicitud formal de conocer el informe, a través del Poder Judicial, y hasta el momento no hemos tenido una respuesta a esa petición. En paralelo, estamos estudiando acciones que son precisamente en línea con el mandato y con la facultad que tenga el Comité de los Derechos del Niño, para que se involucre e intervenga directamente en relación al comportamiento y el quehacer de los tribunales de familia, en lo que respecta a la situación de NNA.
El actuar de los jueces y juezas de familia: “Hay negligencia grave”
Frente a la revelación del estudio oculto por Unicef y el Poder Judicial, la diputada Erika Olivera —quien anteriormente participó en la “Comisión de Familia” y en la “Comisión Especial Investigadora de las situaciones de abuso y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes bajo protección del Estado”—, dice que estos resultados “ratifican, una vez más, lo que muchas comisiones investigadoras han concluido, lo que la sociedad civil viene dando a conocer, lo que las víctimas se atreven a contar y eso significa que el Estado, no es capaz de dar protección a nuestro NNA”.
La diputada Olivera también aseguró tomar acciones frente a los hechos denunciados.
—Hoy oficié a la Corte Suprema y vamos a seguir levantando la voz, aunque pasen décadas y podamos lograr, algún día, un sistema de garantías coordinado entre ministerios. Y que, en la realidad, no tengamos a NNA vulnerados, menos a manos de los poderes del Estado. Nuestro país no se puede permitir seguir con la política de dejar bajo la alfombra los problemas estructurales con el cuidado de la infancia.
—¿Existe una real preocupación, por parte de las autoridades, en el bienestar de los NNA?
—Se ha tratado de avanzar. Hay cierta parte de la sociedad civil, y organizaciones, que se desviven por estos temas, pero en el congreso, a la hora de votar, no se ve reflejado. Eso pasa por falta de especialización en materias de infancia y por falta de realidad.
—¿Es correcto el actuar que están teniendo los jueces y juezas de familia, frente a NNA que son enviados a residencias?
—Bajo mi punto de vista, hay negligencia grave.
