El Juzgado mixto de Puerto Cisnes decreto la prisión preventiva al alcalde de Melinka, Cristián Alvarado Oyarzo, por el delito de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
Por intermedio de la investigación dirigida por el fiscal regional, Carlos Palma, se estableció que Raúl Mansilla, quien se desempeñaba como jefe de Finanzas de dicho municipio, junto al alcalde Cristián Alvarado Oyarzo, aprovecharon sus funciones públicas y administrativas para sustraer dineros asociados a cuentas bancarias a nombre del municipio y de la planta eléctrica dependiente del mismo organismo.
Los delitos investigados causaron un perjuicio fiscal de $341.681.830 en el Municipio de Guaitecas, según consigna radio Las Nieves.
La Brigada de Delitos Económicos de la PDI logró establecer que los imputados transferían electrónicamente dineros hacia sus cuentas personales o a las de terceras personas, haciendo uso de las claves digitales que portaban. Del mismo modo, adquirían bienes o contrataban servicios pagando con dineros y cuentas bancarias del municipio.
Además, realizaban operaciones fraudulentas al transferir fondos públicos, contratando servicios de terceras personas, respaldando dichos gastos mediante facturas ideológicamente falsas, puesto que los servicios nunca fueron prestados. Lo mismo ocurrió con compras de bienes efectuados por el municipio.
En estas operaciones participaron Rosario Saldivia Calixto, bibliotecaria de la Municipalidad de Guaitecas y su cónyuge Raúl Mansilla. También se acreditó la participación de Luis Melián Oyarzo, quien se desempeñaba como contador externo de la planta eléctrica de Melinka. Ambas personas facilitaron sus cuentas corrientes personales para recibir dineros y desviarlos hacia otras cuentas.
En el caso de Luis Melián Oyarzo, sobre quien existe una orden de detención pendiente, entregaba facturas de otras entidades comerciales, logrando sustraer dineros y defraudar al organismo público.
En base a los argumentos expuestos por el fiscal regional, el juez Juan Mihovilovich decretó la prisión preventiva para ambos imputados, Raúl Mansilla y Rosario Saldivia por considerar su libertad un peligro para la sociedad, debido a las penas asociadas a los delitos que se investigan.
