La decisión que tomó el gobierno de Michelle Bachelet de no aplicar la ley anterrorista en los procesos en contra de Alfredo Tralcal junto a Benito, Ariel y Pablo Trangol, quienes estuvieron 115 días en huelga de hambre, no es nueva en la historia reciente.
En octubre de 2010, Sebastián Piñera decidió retirar la ley antiterrorista de todas querellas que existían entonces en contra de mapuches, la mayoría de ellas por ataques incendiarios.
Lo hizo a raíz de la presión que ejerció la huelga de hambre de 38 de indígenas en cárceles de Concepción, Temuco y Lebú, que se prolongó entre julio y octubre.
La situación, incluso, provocó que La Moneda convocara a una mesa de diálogo entre las partes en el Cerro Ñielol, la que fue rechazada.
El entonces arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, fue mediador en el conflicto.
"El gobierno no tiene convicción que los hechos por los cuales se ha imputado a los denominados comuneros mapuches pueda seguir siendo calificado como conductas terroristas", dijo el religioso en la ocasión.
En principio, fueron 23 los que depusieron la medida, tras aceptar las negociaciones con el gobierno, mientras que la mayor parte del resto lo hizo unos días más tarde. Luis Marileo fue el último en terminarla.
La otra huelga de Bachelet
A causa del incendio del precio Poluco-Pidenco, en 2001, los comuneros José y Jaime Marileo, junto a la activista Patricia Troncoso, “La Chepa”, fueron sentenciados en 2007 a 10 años de prisión. La condena, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, aplicó la Ley Antiterrorista.
Troncoso realizó tres huelgas de hambre y en la última de ellas recibió el apoyo de los también prisioneros José Huenchunao, Juan Millalén, Jaime Marileo y Héctor Llaitul, quienes luego bajaron la protesta. Se pedía la desmilitarización del territorio de la Araucanía, la derogación de la Ley Antiterrorista y la libertad a todos los presos involucrados en el caso.
Después de más de 112 días de huelga, y gracias a la mediación de los obispos Manuel Camilo Vial y Alejandro Goic, a comienzos de enero de 2008 se logró convenir algunas de sus exigencias, como su traslado a un centro menos restrictivo que la cárcel y la salida dominical.
Sin embargo, en marzo la “Chepa” reinició el ayuno, aduciendo que el gobierno no cumplió con sus compromisos.
