El fiscal jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, confirmó, este viernes, que la principal tesis del Ministerio Público por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda es que está involucrado la banda criminal el Tren de Aragua, y otra organización extranjera.
Además, el persecutor dijo que dos personas involucradas en el caso, que está identificadas, estarían actualmente en Venezuela, por lo que pedirán cooperación judicial internacional.
"Hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, esto no fue un secuestro extorsivo. Que esto esto fue organizado por orden del Tren de Aragua con una organización extranjera en contexto de crimen organizado", dijo el fiscal Barros.
"La única línea que nos queda es esa (la de un secuestro encargado) y lo que nos queda es hacer una petición de asistencia penal a Venezuela a efectos de que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela", añadió.
Qué es una petición de asistencia penal
Si bien desde la oposición han emplazado al Gobierno de Gabriel Boric que rompa las relaciones diplomáticas con Venezuela, luego que el Presidente llamara a consulta al embajador de Chile en aquel país, Jaime Gazmuri, la fiscalía adelantó que solicitará la colaboración de Venezuela en el caso del crimen del exmilitar Ojeda.
Esta colaboración se hará mediante una solicitud de asistencia penal que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es un proceso mediante el cual los Estados buscan y proporcionan asistencia en la recopilación de pruebas para su uso en investigaciones criminales y procedimientos.
Según la definición de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cooperación judicial internacional constituye toda actividad que tiene por finalidad coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles.
“En ese sentido, la Cooperación Judicial Internacional en materia penal, puede definirse como: un conjunto de actos de naturaleza jurisdiccional, diplomática o administrativa que involucra a dos o más Estados y que tiene por finalidad la persecución y la solución de un hecho delictivo ocurrido en territorio cuando menos, de uno de tales Estados”, dice.
