La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que buscaba quitar la alerta fronteriza que pesa en su contra, por la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
El general Yáñez es investigado por su eventual responsabilidad de mando por los delitos cometidos por carabineros durante el estallido social, por lo que la fiscalía espera formalizarlo en octubre próximo.
Como medida precautoria, el Ministerio Público solicitó que se le informe si Yáñez realiza viajes fuera del país, lo que fue acogido por el tribunal.
“La referida instrucción particular, consistente en informar las salidas e ingresos del país por parte de la Policía de Investigaciones no viene en afectar en modo alguno el principio de inocencia ni el derecho a la libertad ambulatoria garantizados al Sr. Yáñez que fueran fundamento del presente recurso de amparo”, dice la resolución.
“La medida mencionada previamente se concreta mediante un reporte que PDI hace al Ministerio Público de las salidas de imputados determinados, con el solo propósito de tomar conocimiento de la eventualidad que una persona citada a comparecer ante una audiencia -en este caso de formalización- salga del territorio de la República, sin que ello implique gestión ni trámite alguno que afecte su libertad ambulatoria, ni que ello presuponga de modo alguno un reflejo de responsabilidad en los hechos que fueren a comunicársele en futura audiencia de formalización”, añade.
De qué se le acusa al general Ricardo Yáñez
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga al jefe de la policía por su responsabilidad de mando durante el estallido social cuando se cometieron violaciones a los derechos humanos.
En 2019, durante el estallido social, Ricardo Yáñez ejercía como director Nacional de Orden y Seguridad, cuando el general director de la institución era Mario Rozas y el general subdirector era Diego Olate, a quienes también se les acusa de los mismos delitos.
Recordemos que durante el estallido social, funcionarios de Carabineros cometieron distintos delitos de apremios ilegítimos en el contexto de manifestaciones sociales, por los que algunos fueron procesados y condenados.
En particular, a Yáñez, Olate y Rozas se les acusa de la omisión de actuar en casos de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves y homicidio, en su calidad de altos mandos de la institución policial.
Yáñez, quien ha buscado de distintas manera evitar su formalización, acusó a la fiscal a cargo del caso Ximena Chong, y al fiscal Centro Norte Xavier Armendáriz de tener “enemistad, odio y resentimiento” en su contra, por lo que pidió su inhabilidad, lo que fue rechazado por el fiscal Nacional.
