La Corte Marcial rechazó este jueves la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa del general (r) y ex comandante del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien se mantiene en prisión preventiva tras ser procesado por malversación de caudales públicos.
La defensa presentó la solicitud aduciendo que no estuvieron presentes en algunas de las declaraciones que prestó Fuente-Alba y que estas se habrían extendido por hasta once horas.
"Las otras imputaciones que se hacen en el recurso, que desde luego la señora ministra instructora niega, en cuanto a la duración de los interrogatorios y el trato que se dispensó al inculpado en el transcurso de los mismos, todo lo cual haría procedente la nulidad de la indagatoria, sólo pueden considerarse afirmaciones de los recurrentes que no encuentran sustentos en los antecedentes que se tienen a la vista, particularmente las actas de sus declaraciones, en todas las que se consignó expresamente que se le ofreció alimentación y bebidas durante el curso de la diligencia, hecho que refrendó al suscribir las mismas", aseguró al respecto la resolución.
Fue el pasado martes en que el ex militar fue notificado de su procesamiento como parte de la investigación que lleva a cabo la ministra en visita Romy Rutherford. A otro líder del Ejército se le acusa de haber malversado caudales públicos por un monto aproximado de $3.500 millones, monto actualizado de los $2.980 millones de presunto perjuicio fiscal estimado al año 2014.
Fuente-Alba, quien permanece arrestado desde el pasado viernes 14 de febrero en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, también es acusado de haber pagado una suerte de "mesada" mensual a sus antecesores en el cargo, durante los cuatro años que lideró al Ejército. Este monto se entregaba en efectivo y correspondería a una cifra de entre los 400 mil y 800 mil pesos.
"Está claro de que era una especie de sobresueldo a lo que ya reciben como jubilación, que sabemos que son montos bastante altos. Además recibían en efectivo mensualmente esta cantidad de 800 mil pesos mensuales que por lo visto es una práctica en la que se ha recurrido hasta tiempos muy recientes", aseguró la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, quien se mostró conforme con la decisión de la Corte.
