Condiciones “absolutamente inhumanas”, pestilencia, hedor y hacinamiento que, en ocasiones, se encuentra reñido a “los más elementales que exige la dignidad humana”.
Estas frases son parte del lapidario balance que entregó la comisión de visita semestral de cárceles de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la situación de las unidades penales de la jurisdicción.
La instancia visitó durante diciembre de 2015 el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría), el Centro de Detención Preventiva Santiago I, la unidad especial de Alta Seguridad, el Centro de Reclusión Cerrado Masculino de Til Til, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago I, la unidad de atención psiquiátrica de imputado del hospital psiquiátrico Dr. José Horwitz, el Centro de Reinserción Social Manuel Rodríguez, el Centro de Educación y Trabajo Metropolitano, el Centro de Internación Provisoria Mixto, el Centro de Régimen Cerrado Femenino San Francisco y el Centro Semicerrado Femenino de Santiago.
Las condiciones de estos recintos, veinte celdas sin luz natural ni patio, son absolutamente inhumanas, sus dimensiones, que no superan los ocho metros cuadrados, albergan hasta catorce personas
Así, en el centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II se advierten deficiencias en las condiciones de las denominadas "celdas de aislamiento", en las que permanecían 29 personas por medidas de seguridad.
"Las condiciones de estos recintos, veinte celdas sin luz natural ni patio, son absolutamente inhumanas, sus dimensiones, que no superan los ocho metros cuadrados, albergan hasta catorce personas y cuentan también en su interior con un ‘baño turco' para que los sujetos realicen sus necesidades fisiológicas en el mismo sitio. El hedor, oscuridad y pestilencia en la que deben además recibir alimentos a puerta cerrada fue corroborado directamente por los comisionados", señala el informe.
Persiste una situación de hacinamiento que, en ocasiones, llega a estar reñida con lo más elementales estándares que exige dignidad humana
Otro de los recintos que es visto en forma crítica por la instancia es Sobre el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, luego que se realizara una redestinación de 128 imputados provenientes del Centro de Detención Preventiva Santiago Uno. Una redestinación donde no se habría considerado la situación de hacinamiento den Santiago Sur y que se pide revertir.
En este contexto se advierte que la situación de hacinamiento de la población penal "en ocasiones, llega a estar reñida con lo más elementales estándares que exige dignidad humana”.
“La cantidad de internos que duermen casi apilados, unos sobre otros, en reducidos espacios, con nula ventilación y luz natural, en condiciones insalubres, con presencia de chinches y otros parásitos”, agrega el informe.
Es por ello que califican de “incomprensible” la medida de redestinar internos imputados a ocupar estos espacios. En este mismo sentido, los magistrados plantean que “llama la atención la existencia de una calle entera (calle 12) absolutamente desocupada y en espera, desde hace aproximadamente un año, de destinación final, puesto que su utilización efectiva en beneficio de la población penal ya existente permitiría alivianar en parte la situación descrita", expone el informe.
Persisten las instalaciones eléctricas irregulares, que constituyen una amenaza permanente, no sólo de electrocución de internos, sino también de agentes potencialmente generadores de incendios
Riesgo de incendios
En el mismo informe sobre Santiago Sur los magistrados plantean que "igualmente atenta contra las condiciones mínimas compatibles con la dignidad humana" las deficiencias en materia de suministros básicos.
"Se aprecian insuficiencias, destrucción y falta de higiene evidentes", agregan.
Pero no sólo eso: En el informe plantean que "persisten las instalaciones eléctricas irregulares, que constituyen una amenaza permanente, no sólo de electrocución de internos, sino también de agentes potencialmente generadores de incendios que unidos a la deficiencia en la distribución de agua potable amenazan con constituirse en catástrofes de resultados impredecibles".
Otro punto que piden revisar es la situación de los reos que requieren atenciones de especialistas, en especial la de mayores de edad y quienes portan el VIH.
Adicionalmente, los magistrados advierten sobre las "precarias condiciones" en que pernoctan funcionarios de gendarmería que "en algunos casos no se diferencia mucho de aquella forma de vida que actualmente mantienen los reclusos".
"Incumplimientos" en concesión de Santiago I
Respecto del Centro de Detención Preventiva Santiago I, los magistrados dicen que “es urgente realizar aquí una revisión profunda de los incumplimientos en que ha incurrido la empresa concesionaria y, consecuencialmente, analizar si ello acaso no justificaría poner fin a dicho contrato atendidas las graves falencias constatadas".
La Corte de Apelaciones ejemplifica que “la situación de reposición de servicios básicos como agua potable y electricidad en módulos constituye un requerimiento básico y urgente que no solo atenta con la provisión de dichos servicios, sino que configura una situación de alta inseguridad para el personal penitenciario, el que en la actualidad se ve obligado a ingresar a ciertas áreas provisto de linternas personales a falta de luz".
Al igual que en Santiago Sur se advierte como un problema para la seguridad la población penal que se “cuelga” de terminales eléctricos mediante “instalaciones hechizas que, junto al agua apozada en los recintos, configuran una amenaza real y latente de muertes por electrocución”.
Junto con esto exponen que "la disputa contractual respecto de qué entidad debe proveer los recursos para ejecutar las reparaciones urgentes, es una situación que lleva entrampada la solución del problema hace varios años”.
“Sin perjuicio de la complejidad propia del problema legal, lo cierto es que la seguridad personal de la población penal, de los funcionarios penitenciarios que laboran en su interior y, en suma, la habitabilidad del recinto en condiciones compatibles con la dignidad humana, exigen una solución pronta y efectiva de dicho conflicto", enfatizan los magistrados,
Otro de los temas preocupantes para los magistrados es la alimentación, que en ocasiones se entrega fría. Por otro lado, los reos se ven expuestos a largos tiempos sin alimentación, ya que cenan a las 17 horas y desayunan a las 9 de la mañana del día siguiente, sin que exista la posibilidad que familiares les provisionen de alimentos adicionales.
El problema de la alimentación va más allá: En el informe se plantea como un asunto “de extrema gravedad” el reclamo recurrente de que “se les entregan alimentos en una bandeja desprovista de cubiertos, lo que obliga a los internos a consumirlas con la mano”. La situación estaría en conocimiento de la concesionaria, que habría esgrimido aspectos contractuales vinculados con la reposición de estos utensilios.
¿Cómo funcionan los programas de reinserción?
El informe, además, señala que parte de los programas de reinserción son organizados por los propios reos, evidenciando una falta de políticas en esta materia.
Pese al "sombrío panorama" en el centro Colina II, la Corte de Apelaciones destaca que "en varios módulos se observó la existencia de talleres auto gestionados, que utilizan materiales reciclables para confeccionar escobillones, capturar y almacenar energía solar, conservar huertos".
La Comisión visitadora señala que esto "merece ser apoyado de manera más contundente por Gendarmería y la sociedad, instando de esta forma por la necesaria e imprescindible deber de resocialización y reinserción en la comunidad”.
En el caso de Santiago Sur, se describe que "muchos de los talleres existentes al interior del penal en realidad responden únicamente a la inquietud de los propios internos, quienes los autogestionan, sin una planificación que permita un mejor aprovechamiento de los recursos de los propios sentenciados y sin que estos puedan vender sus productos sino con la intervención de terceros".
"A lo anterior se une la dificultad para el in grueso de materiales de trabajo, sin que exista una reglamentación clara que regule tal situación, quedando aparentemente entregada tal autorización, a la buena voluntad de quien está encargado de otorgarla", agregan.
En este contexto la comisión plantea que se deben dedicar esfuerzos para dotar a los internos “los elementos y medios necesarios, y consecuencialmente canalizar este interés, de forma de procurar la tan anhelada resocialización de quienes se encuentran privados de libertad”.
La situación de Punta Peuco
El Informe de la Corte de Apelaciones, además, realizó un balance sobre la realidad de Punta Peuco, centro donde se encuentran internos que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y que durante el 2015 fue objeto de críticas por sus diferencias con el resto de los penales. De hecho, un informe del Instituto de DD.HH cuestionó estas condiciones especiales.
La Comisión de la Corte de Apelaciones plantea que Punta Peuco "presenta grandes dificultades para los desplazamientos a centros de salud imprescindibles para los internos, atendida especialmente la edad avanzada de muchos de ellos, en particular, la asistencia a centros de diálisis".
Por otro lado, consiga que "se recibieron reclamos sobre la restricción de visitas, sobre todo de familiares de internos de menos recursos" y que "se presentan entre los internos problemas que se asocian también a la edad, como el deterioro de su salud mental".
