La Contraloría General de la República realizó auditorías en 10 de los 29 servicios de salud encargados de recibir, acopiar y destruir droga incautada, revelando serios problemas estructurales en la recepción y destrucción de sustancias ilícitas.
Los servicios regionales carecen de bodegas adecuadas, lo que obliga a almacenar las drogas en oficinas, estantes y pasillos, sin herramientas adecuadas para su destrucción.
Según consigna hoy La Tercera, los informes preliminares de 2023 y 2024 señalaron que la droga incautada puede pasar hasta 288 días sin ser resguardada adecuadamente, excediendo el plazo límite de 24 horas establecido en la Ley 20.000.
Por ejemplo, en uno de los servicios, 2.574 muestras decomisadas entre 2020 y 2023 no habían sido analizadas químicamente.
El 23 de febrero de 2024, un robo en una Unidad de Decomiso resultó en la sustracción de 957 muestras de cannabis no analizadas. Además, se identificaron deficiencias en la seguridad de las instalaciones, incluyendo la falta de cámaras, muros y puertas blindadas, así como problemas con extractores de aire que afectan la conservación de las muestras y la salud del personal.
La norma técnica general no. 7 del Ministerio de Salud establece que la Unidad de Decomiso solo recibe evidencias de lunes a viernes, lo que no permite a las policías y Gendarmería cumplir con el artículo 41 de la Ley 20.000 sobre la entrega de decomisos en 24 horas. Un servicio tardó hasta 384 días en informar a las Fiscalías sobre la eliminación de sustancias ilícitas, incumpliendo la ley.
El informe también reveló falta de probidad y eficiencia de funcionarios policiales y de Gendarmería, que entregaron drogas incautadas sin confeccionar inmediatamente las actas de recepción, lo que lleva a procesos no transparentes y posibles pérdidas o hurtos.
En un recinto, se observó que hubo 422 demoras en la destrucción de droga, con un retraso de hasta 45 días hábiles en la incineración de 11.982.332 gramos de sustancias. La contralora general (s), Dorothy Pérez, junto a la contralora regional (s) de Los Ríos y el jefe de Gabinete CGR, realizaron una visita inspectiva en abril de este año para revisar el procedimiento de quema de drogas incautadas.
Finalmente, se verificó la recepción, custodia, pesaje y eliminación de las drogas incautadas por la PDI, Carabineros y Gendarmería, verificando el cumplimiento de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
