La Contraloría se pronunció luego de rechazar el decreto 249 presentado por el gobierno, mediante el cual buscaba facilitar el despliegue de funcionarios de Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, en medio del fin del Estado de Excepción Constitucional.
El Ejecutivo buscaba reforzar el control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco con los recursos disponibles al interior de las ramas castrenses.
A través de un comunicado, el organismo señaló que "la Contraloría General de la República está preocupada por la situación que se vive en la Macrozona sur del país, y por lo mismo, empatiza con las personas que viven, trabajan y transitan por dicho territorio".
Respecto al rechazo al decreto, sostuvo que "el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo".
Desde la institución finalmente señalaron que "es importante recalcar que el rol de la Contraloría es verificar el apego de los órganos de la Administración del Estado a la legalidad vigente, mientras que la responsabilidad de garantizar el orden público en el país corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco legal".
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