Este lunes, la Contraloría General de la República (CGR) reveló su informe sobre la auditoría respecto a la compra de trenes realizada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), destinado a los servicios Alameda-Rancagua y Alameda-Chillán.
Según detalló el organismo, la auditoría evidencia "diferencias entre lo especificado en el contrato y las características de los trenes fabricados, falta de control sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas y la ausencia de algunas pruebas en terreno".
El ente contralor analizó las características de seis trenes recepcionados y otros seis en proceso de diseño y fabricación, adquiridos en el marco de los contratos suscritos por la empresa durante 2018 y 2020, y que durante 2022 habían significado pagos por $18.344.478.288.
Respecto de las máquinas destinadas para el servicio Alameda-Chillán, se observó un deficiente control sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas en la etapa de diseño y fabricación de dichos trenes. Por su parte, respecto de aquellas unidades del servicio Alameda-Rancagua, se detectaron disparidades entre las especificaciones solicitadas y las características de los trenes que se entregaron, específicamente en cuanto a la capacidad de pasajeros.
Además, se constató que una de las pruebas que debía ser ejecutada en estas unidades, correspondiente al grupo de pruebas estáticas, no fue ejecutada, contraviniendo lo dispuesto en el contrato.
La CGR solicitó a EFE que, en lo sucesivo, exista una debida trazabilidad respecto al desarrollo de sus contrataciones, asociadas al cumplimiento de exigencias, ensayos, certificación, entre otros.
La Contraloría estableció además que EFE no consideró requerir al contratista la ejecución de pruebas denominadas “Garantías de conjuntos”, para los trenes del servicio Alameda – Rancagua, lo que, en cambio, sí requirió para otras máquinas adquiridas para el servicio Biotren y Corto Laja, en el marco de la contratación de 2018.
No obstante, respecto de estas últimas unidades, la empresa aceptó la ejecución de menos pruebas que las definidas en los antecedentes que regulan la contratación. A su vez, un resultado obtenido en la prueba “Verificación de ciclo de viaje”, para corroborar el tiempo de ida y vuelta de un trayecto, no se ajustó a lo especificado en el contrato.
La Contraloría le dio un plazo de 60 días hábiles, desde la notificación del informe, a EFE para enviar los antecedentes que sustenten los descargos.
