El Contralor general de la República, Jorge Bermudez aseguró que presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de cinco jefes de administración y de finanzas de distintos servicios públicos al detectar irregularidades luego de una investigación a sus reparticiones.
En entrevista con La Tercera, Bermúdez señaló que "a propósito del escándalo de Carabineros, instruí que con prioridad nacional íbamos a realizar una auditoría en servicios que tuvieran grandes cantidades de presupuesto y a los movimientos que habían hecho los jefes de administración y finanzas. Hicimos un primer barrido sobre 320 servicios y detectamos inmediatamente que había 114 casos con problemas".
El contralor informó que se percataron de varias situaciones anómalas como "cónyuges de esos funcionarios con grandes patrimonios. Patrimonios que estamos hablando son de miles de millones de pesos" o "personas que, no obstante tener una remuneración bastante buena dentro de la administración pública, no tienen nada a su nombre".
De los 114 casos donde se informaron irregularidades, "hay cinco donde detectamos que, eventualmente, puede haber un delito. Y esos son los que estamos informando a la fiscalía, los otros los vamos a seguir investigando. Encontrar, por ejemplo, que una persona que tiene un patrimonio de miles de millones de pesos evidentemente que es una situación que amerita, por lo menos, poner una alerta en esa situación. Estamos hablando del cónyuge de un funcionario público. Entonces, tenemos que investigarlo", señaló Bermúdez.
Sin embargo, las irregularidades no terminarían ahí: "Lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que estos trabajan. Es una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar", enfatizó el contralor.
Finalmente, Bermúdez aseguró que desde Contraloría también tienen la facultad de ejercer acciones judiciales, por lo que si se llega a detectar un perjuicio fiscal con el avance la investigación, no dudarán en querellarse. "Y va a ser, probablemente, la primera vez que la Contraloría en 90 años ejercerá esa facultad", advirtió.
