Luego de cuatro años de investigación la Contraloría confirmó que la disminución de las listas de espera en el Hospital San José en 2013 -como lo denunció Ciper el mismo año-, consistió realmente a una reducción artificial que sacó a la luz un conjunto de irregularidades.
La investigación determinó que los pacientes en lista de espera No Auge fueron derivados a la Clínica Maruri, donde eran examinados por médicos generales en lugar de médicos especialistas, como lo indican las normas que regulan el sistema. De esa forma eran eliminados de la lista bajo la causal “atención realizada”, incluso cuando sus patologías no habían sido resueltas, provocando a miles de ellos graves problemas de salud.
La conclusión de la Contraloría confirmó las irregularidades en su reciente resolución:
“Un alto porcentaje de pacientes No Auge, inscritos en el Registro Nacional de Lista de Espera (RNLE), fueron eliminados de este repositorio por haber sido supuestamente atendidos en el citado centro médico (Maruri), no obstante encontrarse irresoluta su patología, debiendo ser reingresados en lista de espera, retardando de manera inexcusable la eventual solución a sus problemas médicos, con grave afectación de sus derechos”.
El contralor Jorge Bermúdez propuso la destitución del ex director del hospital, Raúl Hernán Vásquez Cataldo y su colega Rodrigo Gutiérrez Soto, ex encargado de la Clínica/Policlínico Maruri.
Se encontró además una serie de irregularidades administrativas. Con la autorización de los doctores Vásquez y Gutiérrez se pagaron honorarios médicos sin contar con comprobantes de egreso ni con documentos que acreditaran que las prestaciones se realizaron. Igualmente, se pagó como atenciones de especialistas un promedio de $4,8 millones mensuales, en circunstancias que se trataba de médicos generales.
A pesar de que los médicos fueron contratados con el fin de descongestionar la lista No Auge, se pagó injustificadamente más de 11 mil atenciones a pacientes que no formaban parte del registro.
Los doctores Vásquez y Gutiérrez tendrán cinco días hábiles, desde su notificación, para interponer un recurso de reposición ante la Contraloría.
