El contralor Jorge Bermúdez, cifró en 112 los casos "sospechosos" de irregularidades en servicios públicos, luego que se conociera que denunció ante el Ministerio Público a cinco jefes de administración y de finanzas de distintos servicios.
Este lunes, tras la ceremonia de aniversario de la Contraloría, Bermúdez indicó que "estamos en un primer barrido, hay 112 funcionarios que están en una situación que puede resultar por lo menos llamativa, y en cinco casos de funcionarios que tienen sociedades o forman sociedades que le venden a la mismas sociedades donde ellos trabajan, creemos que ahí podría haber visos de delitos, de negociación incompatible, por lo que remitimos los antecedentes al Ministerio Público".
Bermúdez agregó que "el viernes 31 vence el plazo para hacer la declaración de bienes e intereses de todos los funcionarios públicos, ahí vamos a tener recién la información para comenzar a hacer todos los cruces, lo que hicimos ahora fue una especie de anticipo".
Además señaló que continúa la investigación y que el organismo tiene "una facultad que permite ejercer la acción penal, pero el primero que tiene que hacerlo es el Consejo de Defensa del Estado".
Según detalló el domingo, en una entrevista publicada por el diario La Tercera, se descubrieron "situaciones tan anómalas como cónyuges de funcionarios con grandes patrimonios (…) Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que éstos trabajan”.
Estos antecedentes se descubrieron a raíz de una revisión que realizó la Contraloría en diversas reparticiones del Estado que controlan grandes flujos de dinero, luego que se conociera el fraude al interior de Carabineros.
En tanto, el fiscal nacional Jorge Abbott determinó que la indagatoria por parte de la justicia quedó radicada en la Fiscalía Metropolitana Sur, que es encabezada por Raúl Guzmán.
"Los antecedentes permiten aventurar que los hechos narrados en la denuncia podrían eventualmente ser constitutivos de delito, para eso se ha designado a un fiscal que va a trabajar con un equipo para tal efecto", indicó Abbott.
Undurraga pide que se "individualice" a funcionaria
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, pidió a Contraloría que "individualice los casos, porque en el Ministerio de Obras Públicas hay más de 130 jefes de finanzas y se trata de una persona específica que tendría esa situación".
"Por lo que se nos ha dicho, se trataría de una funcionaria antigua cuyo cónyuge le prestaría servicios al Estado. Es toda la información que tengo, y espero que se individualice durante el día", detalló el ministro.
Se trataría de una funcionaria de la unidad de Administración, en la Coordinación de Concesiones del MOP, cuyo marido -a través de su empresa- vendió equipamiento y servicios al Ministerio al menos hasta 2012. La fechas de estos contratos coinciden con la presencia de esta funcionaria en la misma repartición, por lo que se investiga una eventual negociación incompatible.
