El pasado 18 de agosto la Contraloría comenzó a desarrollar una auditoría relacionada al aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media durante la pandemia por el coronavirus.
Lo anterior se dio en medio del anunció que hizo el Servicio de Impuestos Internos (SII) tras detectar que más de 437 mil trabajadores dependientes presentaron diferencias entre sus ingresos declarados para postular al beneficio y el monto real.
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Dentro de esta cifra de trabajadores, hay más 37 mil funcionarios del Estado.
Con estos antecedentes sobre la mesa, el SII ha estado entregando información detallada a la Contraloría sobre los empleados públicos que habrían sido beneficiados con el bono, sin que realmente les correspondiera.
Según indica El Mercurio, toda esta información está siendo depurada por los equipos técnicos correspondientes para un análisis en detalle en una base de datos. En ella se está analizando a los empleados de aquellos organismos donde la entidad tiene facultades, como por ejemplo al interior del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, Carabineros, servicios públicos y también la misma Contraloría.
Por otro lado, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, indicó que la auditoría en torno al Bono de Clase Media -la que está en su etapa final- ha tenido entre sus principales focos el funcionamiento de las plataformas, la aplicación de los protocolos y si el aporte que se realiza está dentro o no de los requisitos postulados.
Finalmente, dijo que de encontrarse irregularidades, éstas podrían significar instruir la realización de un sumario administrativo. Sin embargo, de encontrarse elementos constitutivos de delito, se derivarían al Ministerio Público.
