La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ratificó que el jueves 29 de septiembre se realizará un paro nacional en el sector público en rechazo al reajuste salarial del 2,9% propuesto por el Ministerio de Hacienda.
Uno de los gremios que se sumó a esta movilización fue la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, Confusam, quien demanda un 7.5% para sus trabajadores.
De acuerdo al gremio, lo ofrecido por el gobierno es una “cifra muy lejana a la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos doce meses y más lejana aún a nuestras expectativas de un posible acuerdo que supone de partida recuperación de poder adquisitivo y participación en el crecimiento de la economía”.
La Confusam califica como “mal presagio” la señal entregada por el Ministerio de Hacienda, razón por la cual “la mesa del sector público optó por no mover su cifra inicial hasta que el gobierno ponga sobre la mesa de negociaciones una cifra razonable para iniciar la negociación en serio”.
El gremio agrega que “la negociación 2016 será de suyo una de las más complejas que hayamos enfrentado en los últimos años y nos exigirá, para evitar el bochorno 2015, una clara estrategia de negociación con movilización, razón por la cual la dirigencia del sector público, consciente de lo anterior, convocó a un primer paro nacional de los servicios públicos para el 29 de septiembre, acción que será complementada con marchas de trabajadores en las principales ciudades del país”.
Sobre el funcionamiento de los recintos de salud este jueves, la Confusam dijo que espera que se mantenga con total normalidad el funcionamiento de los SAPU, SAPUR y SUR, “implementando además turnos éticos en todos los consultorios en paro entendiendo que esta movilización es una medida de presión al gobierno y no contra la gente”.
Por último, Esteban Maturana, presidente de la Confusam, hizo un llamado al Gobierno a modificar su postura en la mesa negociadora con el sector público proponiendo cifras que “les permitan abrirse a la posibilidad de lograr un acuerdo razonable, acuerdo que le hará muy bien al país, evitando todo el daño a las confianzas hacia el Gobierno que generaría la imposición de números acordes a una línea económica ajustada a las expectativas de los tecnócratas y empresarios, pero lejana a nuestras legítimas aspiraciones”.
