"La confidencialidad de los datos de la víctima refieren a los datos de la víctima. La confidencialidad de los datos de la víctima no pueden ser pretexto para encubrir antecedentes de un victimario".
Así lo afirmó el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, al referirse a las investigaciones por abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.
La frase de Coiro surge en una jornada marcada por el balance entregado por la Fiscalía Nacional, que detalló que 158 miembros de la Iglesia Católica, entre obispos, sacerdotes y laicos, son investigados como autores o encubridores en casos de abuso sexual a menores de edad y adultos.
Se trata de 144 casos de abuso ocurridos desde 1960 a la fecha, en donde se lograron identificar a un total de 266 víctimas de las cuales 178 son menores de edad.
Coiro expresó que "lo que la iglesia nos pide hoy es poner nuestra primera mirada en las víctimas", agregando que esa cifra de víctimas "es la que primero nos conmueve, nos estremece y la que más nos preocupa".
El vocero de la Conferencia Episcopal anunció que desde que los obispos regresaron de encontrarse con el Papa Francisco en Roma, el comité permanente de la Conferencia Episcopal junto al Consejo Nacional de Prevención de Abusos "ha estado desarrollando todo un itinerario para poder definir propuestas y caminos concretos que tengan que ver con esta herida que el Papa Francisco dejó muy en claro en su carta al pueblo de Dios en Chile".
En esa misma línea, señaló que harán una asamblea plenaria extraordinaria que convocaron para la última semana de julio. Comienza el lunes 30 de julio y termina el 3 de agosto.
En esta asamblea, según explicó Coiro, darán cuenta ante los obispos todo lo que han venido pensando, proponiendo y "poder definir algunos caminos".
También afirmó que "se ha establecido una relación con el Ministerio Público para poder expresar en concreto la voluntad de la Iglesia de colaborar con las causas ante los tribunales del Estado".
Coiro dejó en claro que "no vamos a eximirnos de ninguna obligación que nos corresponda como ciudadanos que somos. La iglesia también tiene su responsabilidad, primero con las víctimas, acoger a los denunciantes, acompañarlos a ellos en su camino". Agregando que la Iglesia tiene que tomar medidas respecto no solamente del clérigo condenado, sino que de la comunidad y de los terceros.
Por otro lado, el vocero defendió el rol de las investigaciones canónicas, señalando que "si solo rigiera la ley civil en Chile, Fernando Karadima estaría en Pucón".
En tanto, Ana María Celis, del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, declaró que "el punto de partida es la dignidad de la persona, no la protección de la institución".
Carta de ex obispo Goic a Ezzati
Este domingo, fue revelada una carta escrita por el ex obispo de Rancagua, Alejandro Goic, dirigida al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati donde lo emplaza por su manejo en los casos de abuso sexual dentro de la iglesia.
La misiva revelada por El Mercurio habla sobre ciertas discrepancias que existirían en los criterios fijados por el Consejo Nacional de Prevención de Abusos, y la actitud de los criterios usados por Ezzati. Si bien la carta cuenta con la firma de Goic, éste aseguró que no la envió a Ezzati.
Ana María Celis declaró que "creo que el suponer que no han habido discrepancias sería lo errado", agregando que es "evidente" que en toda institución existen discrepancias. "Me sorprendería más que en una institución no existieran esas discrepancias".
Por otro lado, Coiro afirmó que no les corresponde a ellos como Conferencia Episcopal calificar las situaciones que se mencionan en la carta. "Lo que sí nos corresponde es trabajar para que lo que hoy día conocen ustedes como intermediario entre la opinión pública respecto de lo que está siendo hoy la Iglesia, 5 años después de esa supuesta carta, sea un escenario mejor que aquel que se describía en ese documento".
El portavoz declaró además que, "si bien ha habido discrepancias y las hay también en todas las instancias de la Iglesia, desde Pedro y Pablo hasta hoy, lo importante es que más allá de las discrepancias tengamos frutos en lo que nos importa que es proteger a los más vulnerables y evitar que se den los contextos que permitieron los abusos desde el año 1960 hasta hoy, a los cuales se ha referido la fiscalía".
La misiva es parte de los documentos que fueron incautados tras el allanamiento al arzobispado de Rancagua, en medio de la investigación por presunto encubrimiento de abusos cometidos por sacerdotes.
