Los diputados Gaspar Rivas (PDG), Pamela Jiles (PH) y René Alinco (Independiente) presentaron, este miércoles, una reforma constitucional que busca condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) que actualmente tienen cientos de miles de estudiantes y exestudiantes.
Se trata de una iniciativa distinta a la que impulsan diputados y diputadas de gobierno que ingresaron un proyecto de resolución para que el Ejecutivo sea el que presente una norma y establezca las condiciones para avanzar en la condonación de deudas en materia de educación.
La propuesta encabezada por Rivas, según sus propias palabras, pretende que “que el ‘pato’ lo paguen los bancos” y que no sea el Estado el que se haga cargo de las deudas.
Una de las propuestas de campaña del actual gobierno del Presidente, Gabriel Boric, era condonar algunas deudas educativas, pero el propio ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha dicho que los esfuerzos hoy están puestos en la reactivación educativa y no en la condonación del CAE por el momento.
“Señor Presidente Boric, usted hizo una promesa de condonar el CAE; entendemos que puedan haber complicaciones económicas y financieras. Entendemos que como no ha podido hacerlo en poco más de un año, le vamos a ayudar a través de un proyecto de ley que ya está admitida a tramitación para que con eso parta con un insumo”, expresó Rivas.
Qué dice el proyecto sobre el CAE
El representante del Partido de la Gente explicó que con esta propuesta de reforma constitucional no habría gasto del gobierno porque el objetivo es que los propios bancos se hagan cargo de la deuda.
“Respecto a la relación entre los usuarios, el Estado y la banca, este proyecto de reforma constitucional lo que hace es extinguir por el solo ministerio de la disposición transitoria, cualquier tipo de obligación, de deuda, que tenga el Estado con la banca o los usuarios con la banca”, explicó Rivas.
La propuesta también busca otorgarle la facultad al Ministerio de Educación para que fije un valor máximo de los aranceles de las carreras universitarias, para evitar cobros que excedan el presupuesto de los y las estudiantes.
“Respecto a las carreras universitarias en el futuro, este proyecto de ley le permite al Ministerio de Educación poder fijar anualmente el arancel máximo que se puede cobrar por una carrera de educación superior”, detalló Rivas.
