El médico Eduardo Arriagada Rehren y el veterinario Sergio Rosende Ollarzú, ambos funcionarios en retiro del Ejército, fueron condenados a 20 años de presidio por su participación en los homicidios consumados de dos reos comunes, en el caso del envenamiento de reos en la ex Cárcel Pública ocurrido en diciembre de 1981.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, responsabilizó a los militares por las muertes de Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz.
Además, se les condenó por los intentos frustrados en contra del mirista Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes del mismo movimiento Ricardo Antonio Aguilera Morales, Elizardo Enrique Aguilera Morales y Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos.
El motivo de la acción era asesinar a Rodríguez Morales, jefe nacional de las Milicias de Resistencia Popular
Además, el magistrado sentenció a 10 años y un día al coronel (r) Joaquín Larraín Gana, al teniente coronel (r) Jaime Fuenzalida Bravo y el ex alcaide de la Cárcel Pública, Ronald Bennett Ramírez, considerados cómplices de los delitos.
En el aspecto civil, la resolución condenó al Estado de Chile a pagar $ 950 millones en indemnizaciones.
De acuerdo al documento entregado por el Poder Judicial, la investigación del juez Madrid estableció que los decesos fueron causados por la toxina botulínica, que fue introducida en los alimentos que le llevaba su madre a Guillermo Rodríguez y que este compartió con los demás reclusos.
El primer en fallecer fue Corvalán Castillo, el 10 de diciembre de 1981, mientras que el 20 se produjo el deceso de Pacheco Díaz.
A ninguno de les permitió un tratamiento adecuado, ya que se aseguró solo padecían una gastritis aguda. El alcaide Bennett Ramírez también les negó la presencia de un médico particular.
Los demás afectados sobrevivieron gracias a que lograron ser atendidos y tuvieron un diagnóstico acertado a sus molestias.
Según la sentencia, la sustancia involucrada en el envenenamiento fue obtenida por el Instituto Bacteriológico, que la había solicitado a Brasil, la que fue recepcionada por Cancillería y luego derivada al Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, ubicado en Carmen 339, del cual el general (r) Arriagada Rehren era el encargado y que dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Esta causa estuvo ligada a las investigaciones del juez Madrid dentro del proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
