El ministro en visita de causas de Derechos Humanos de las cortes de apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique condenó a dos miembros de carabineros en retiro por su responsabilidad en el secuestro calificado del campesino Manuel Catalán Paillal, ocurrido a partir de septiembre de 1973 en el sector de Muco Bajo, en Lautaro, región de La Araucanía.

El magistrado sentenció al oficial Jorge Schweizer Gómez a 12 años de presidio en su calidad de autor del delito en carácter de crimen de lesa humanidad, mientras que el suboficial en retiro Domingo Campos Collao fue sentenciado a tres años de presidio en su calidad de encubridor del ilícito.

En la investigación el ministro logró establecer, según dice el fallo, que “a partir del 11 de septiembre de 1973 en la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro el mando a cargo de la unidad, entre los que se cuentan al Mayor Jorge Enrique Schweizer Gómez y al Capitán Marcial Edmundo Vera Ríos (fallecido), organizó y coordinó un grupo especial de Carabineros (…) realizando patrullajes conjuntos por la zona rural dependiente de la unidad policial”.  

El documento asegura que el campesino de 27 años fue detenido el 13 de septiembre de 1973 por una patrulla de Carabineros de la 1° Comisaría de Lautaro que se movilizaban en una camioneta. Dicha patrulla, que no portaba una orden judicial procedió a allanar el domicilio y a detener a Manuel Catalán y lo llevaron a la unidad policial.

“Luego de haber concurrido periódicamente a entregar ropa y alimentos a su marido, el 23 de septiembre de 1973 doña Juana Ñiripil fue informada por Carabineros que su marido había sido traslado junto a once personas más hasta la Cárcel del Temuco. Por este motivo, ella concurrió hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario aludido, a Investigaciones de Chile, al Regimiento Tucapel y a la Fiscalía Militar a preguntar por su esposo, sin dar con el paradero de este, siendo la información que recibió en la Comisaría de Lautaro la última noticia que se tuvo de Manuel Elías Catalán Paillal", establece el fallo.

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización total de 800 millones de pesos a los familiares de la víctima.

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