“Sería ilegal pagarles las horas que no se trabajan, eso hay que decirlo derechamente. Si no trabajan, no se les pagan; si trabajan, se pagan”.
Así de categórico fue el contralor general Jorge Bermúdez, al ser consultado sobre la movilización de los funcionarios públicos que cumple más de dos semanas. Y es que según la autoridad “existe jurisprudencia abundante de la Contraloría que dice que se tienen que realizar los descuentos”.
En efecto, no es primera vez que empleados públicos en paro recibirían descuentos. Un caso reciente y a la vez emblemático fue el del Registro Civil, cuyos funcionarios, en 2015, paralizaron sus funciones durante 39 días exigiendo una nueva estructura de bonos e incentivos.
En esa oportunidad los funcionarios del servicio presentaron un recurso de protección para frenar los descuentos. Sin embargo, la Corte Suprema validó en mayo de este año la acción impulsada por la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, y el entonces jefe del servicio, Luis Avecedo.
La lista de funcionarios afectados se determinó a partir de una revisión detallada de los registros de asistencia. Sin embargo, para estos efectos sólo se consideró el periodo entre el 26 y el 30 de octubre. En tanto, a los empleados que se vieron indebidamente incluidos en las listas, se procedió a efectuar un reintegro de los montos descontados.
Por otro lado, en marzo de este año la Contraloría emitió un dictamen donde validó la aplicación de descuentos, pese a que no existieran sumarios para los funcionarios involucrados. El fallo señaló en esa oportunidad que "si el organismo público posee antecedentes objetivos de los que se desprenda que el funcionario no ha trabajado, el servicio respectivo podrá establecer descuentos a las remuneraciones, sin efectuar previamente una investigación sumaria”.
Esto apuntando a que el estatuto administrativo prohíbe a los funcionarios "organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la administración del Estado".
Fue así que cerca de 1.400 funcionarios que recibieron descuentos, algunos cifrados en hasta $300 mil pesos, según sostiene la dirigente del gremio, Nelly Díaz.
“A nosotros nos amenazaron y nos descontaron, pero no a todos los servicios se les descuenta”, asegura la dirigenta.
Así, los pronunciamientos de la Corte Suprema y la Contraloría frente al paro del Registro Civil pueden constituir jurisprudencia a la hora de aplicar descuentos a los funcionarios públicos que se encuentran en paro exigiendo elevar el monto del reajuste para el sector.
Esteban Maturana, presidente de la Confusam y uno de los actores clave de la mesa del sector público, señala que ellos también han recibido descuentos en otras oportunidades. Sin embargo, advierte que “entre quedarnos sometidos y humillados y recibir descuentos, nos quedamos con los descuentos”.
En relación a las declaraciones del contralor, Maturana señala que “las recibimos como una más de las tantas amenazas que los poderes del estado ejercen contra los trabajadores. Pero a propósito de esto recordarle al contralor que los jueces, magistrados y defensores penales también están movilizados y me imagino que el contralor también les descontara a ellos”.
“Está jugando un rol propio de un contralor, pero un conflicto no se resuelve con amenazas sino que flexibilizando posiciones”, agrega.
