El medio Ciper publicó un reportaje en que detalla 12 filtraciones que el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, envió al abogado Luis Hermosilla, los que tienen relación con cinco controversiales casos de chilenos: Dominga, Enjoy, Torrealba, Guevara y Espinosa.
Luis Hermosilla es un abogado penalista quien era reconocido como uno de los más influyentes al estar detrás de casos de alta connotación pública. En un reportaje de Ciper del 14 de noviembre de 2023 se reveló que presuntamente entregado coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información privilegiada, en lo que se conoce como el Caso Audios.
Además, Hermosilla fue abogado asesor del Ministerio del Interior durante el segundo mandato del ex Presidente Sebastián Piñera y defendió como abogado al exministro del Interior, Andrés Chadwick, en la acusación constitucional en su contra, la que fue acogida el 11 de diciembre de 2019.
Sergio Muñoz fue el director general de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta la tarde del viernes 15 de marzo, día en que renunció por su relación con el Caso Audios y tras el allanamiento de su casa y oficina por la investigación del mismo.
El ahora ex director será formalizado el próximo martes 19 de marzo. En detalle, se le acusa por entregar o difundir antecedentes de una investigación a terceros ajenos al procedimiento o a terceros afectados en la indagatoria.
Este domingo, Ciper publicó un reportaje con el detalle de 12 filtraciones que Sergio Muñoz envió a Hermosilla, los que están relacionados con cinco casos diferentes: Dominga, Enjoy, Torralba, Guevara y Corrupción en la PDI. Además, señalan que el exmandamás de l PDI comenzó a filtrar antecedentes reservados al abogado a los 13 días de haber asumido la máxima jefatura de la institución.
A continuación, te detallaremos brevemente de qué trata y los involucrados de cada uno de los casos mencionados en estas filtraciones.
El contenido de las presuntas filtraciones de Sergio Muñoz
Caso Dominga
Uno de las conversaciones que difundió Ciper entre Sergio Muñoz y Luis Hermosilla tendría relación con el Caso Dominga, el que se centra en posibles delitos de cohecho, soborno y tributarios relacionados con la compraventa de la minera Dominga por parte de la familia Piñera-Morel a la familia Délano en 2010.
En dicha operación, realizada en las Islas Vírgenes Británicas, se estableció una cláusula que condicionaba el último pago de la venta, correspondiente a aproximadamente US$ 10 millones, a que no se realizaran modificaciones medioambientales en la zona (La Higuera, región de Coquimbo) que pudieran afectar el desarrollo del proyecto minero.
Esta información salió a la luz con la publicación de los Pandora Papers el 3 de octubre de 2021. La relación del expresidente Sebastián Piñera con el caso derivó en una acusación constitucional en su contra el 13 de octubre de 2021, la que terminó siendo rechazada por el Senado en noviembre del mismo año.
Caso Enjoy
El Caso Enjoy salió a la luz en marzo de 2021, cuando la periodista Alejandra Matus presentó la investigación “Los conflictos de interés del Presidente Piñera con la licitación y extensión de permisos para extender las obras de casinos licitados a Enjoy S.A.”.
En el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera se firmó la prórroga de seis meses a los pagos de dos empresas de juegos de azar: Enjoy S.A. y Drems. Dicha prórroga impedía el cese de funciones de los casinos por incumplimiento de contrato.
En la investigación de Matus se indicaba que dos de las empresas en que el exmandatario tenía administrado su patrimonio -BTG Pactual y Moneda Asset- estaban "comprometidas, ya sea por boletas de garantía o porque están avalando la deuda de Enjoy”.
Caso Torrealba
El caso involucra a Raúl Torrealba, quien fue alcalde de Vitacura entre 1996 y 2021, y quien fue formalizado en 2023 por la Fiscalía de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.
Torrealba fue acusado de desviar 760 millones de pesos de platas públicas a sus bolsillos. De hecho, la investigación del Ministerio Público reveló que el edil mantenía una cuenta en el banco con más de 2.300 millones de pesos y en una propiedad, en la región de La Araucanía, se encontraron fajos de billetes escondidos en las paredes.
Tras siete meses de prisión preventiva, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago redujo la medida cautelar del ex edil a arresto domiciliario el pasado 14 de febrero de 2024. Esto fue otorgado luego que Torrealba realizara una nueva declaración ante la fiscalía en la que colaboró con la investigación. Además del pago de 100 millones de pesos.
Caso Guevara
De acuerdo con uno de los testigos clave del caso anterior, Domingo Prieto, el exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, habría sido quien inventó el método para defraudar al fisco usado por Torrealba e incluso habría recibido dinero.
“Cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario (Decom) de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar $2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara (...). Esta solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba a Renato Sepúlveda”, dijo en diciembre de 2022.
Caso Espinosa
En octubre de 2021 el predecesor de Sergio Muñoz, el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, fue acusado por el Ministerio Público de malversación de caudales públicos, lavado de dinero y falsificación de instrumento público reiterados. En la misma investigación se formalizó a su esposa, María Neira, y a su ayudante, Eduardo Villablanca,
Los tres imputados están vinculados a la sustracción, entre los años 2015 y 2017, de al menos $146 millones de pesos, provenientes de fondos públicos destinados a la satisfacción de los gastos reservados asignados a la PDI.
Su modus operandi, según describió el fiscal Eugenio Campos, habría sido simple: la Dirección de Presupuestos depositaba los fondos de los gastos reservados en la cuenta corriente institucional de la PDI, luego Espinosa se comunicaba con Finanzas para solicitar el retiro del dinero y luego, Tesorería confeccionaba un boletín de egreso, en el que se consignaba el monto requerido.
La Fiscalía pidió en enero de 2023 un total de 20 años de cárcel en contra de Espinosa por las malversaciones de fondos de la PDI.
