El Consejo de Defensa del Estado interpuso cuatro nuevas querellas contra médicos por el delito reiterado de otorgamiento de licencias médicas falsas, mediante su venta. Estas licencias fueron entregadas a usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que significaría un perjuicio al Estado de Chile.
La acción penal se dirige contra cuatro médicos cirujanos de la región Metropolitana y contra “quienes resulten responsables” de los delitos cometidos. Desde el CDE aseguraron que se entregó un número inusualmente alto de licencias médicas emitidas en un año, más de tres mil en promedio, escapando a los rangos promedio que existen en el país.
Ya entre fines de 2018 y principios 2019, Fonasa y la Subsecretaría de Salud Pública, interpusieron 41 acciones judiciales contra profesionales de la salud que han hecho un mal uso del subsidio de incapacidad laboral, con un perjuicio económico para el fisco estimado en 24 mil millones de pesos.
En este caso, estas extensiones de licencias se habrían realizado mediante su venta a distintas personas que concurrían a las consultas de los médicos, con el único objetivo de utilizarlas para obtener el subsidio de incapacidad laboral ante Fonasa.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, dijo que “como institución valoramos el trabajo conjunto con otras entidades del Estado, como Fonasa en este caso, que nos permitan presentar o hacernos parte en acciones judiciales ante casos de evidente fraude al fisco, porque cada peso que se desvía del Estado, producto de un delito como los cometidos por los médicos querellados, significa el desmedro de una política social o de una política pública que ayuda a los más vulnerables y eso no lo podemos permitir”.
Una de las querellas presentadas por el CDE se dirigió en contra de un médico cirujano que emitió 3.901 licencias médicas a beneficiarios de Fonasa, en un período comprendido entre enero y diciembre de 2018, equivalentes al pago de $580 millones en subsidios por incapacidad laboral.
En contra del mismo facultativo, el Consejo de Defensa del Estado, presentó una segunda querella, a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia de Pensiones, por la emisión de 5.854 licencias médicas entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, cuyas emisiones fueron incluso en fechas en que el querellado se encontraba fuera del país, contando con su firma y timbre.
