Por Pablo Honorato
La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ordenó restituir los dineros de las cuentas bancarias y propiedades del fallecido general Augusto Pinochet, en el marco del Caso Riggs, que se encontraban embargadas a raíz de un dictamen de primera instancia dictado por el entonces ministro de fuero de ese tribunal, Manuel Valderrama.
La tercera sala del tribunal de alzada revocó la condena que había dictado Valderrama contra seis altos oficiales en retiro del Ejército, ex jefes de la Casa Militar de Pinochet y a quienes se les sentenció como autores de malversación de caudales públicos.
En la sentencia, a la que tuvo acceso T13.cl, se produjo el decomiso de 23 inmuebles, vehículos y documentos bancarios, los cuales habían sido, según el fallo, malversados por los acusados y en favor de Augusto Pinochet, todos estos por un valor de US$ 6.466.000. El total de los bienes incautados asciende a más de US$ 17 millones.
El fallo se debió a la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido.
Los condenados a cuatro años de presidio remitido en primera instancia y que fueron beneficiados por la prescripción de la acción penal son los altos oficiales en retiro del Ejército y el ex jefe de la Casa Militar Jorge Ballerino, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Sergio Moreno Saravia, Juan Mc Lean y Eugenio Castillo Cádiz.
Un informe pericial evacuado por el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile determinó en su época que las remuneraciones e ingresos de Pinochet provenientes de fuente legítima ascendieron durante toda su vida militar y política a la suma US$ 1.427.588,55, cantidad que no resulta suficiente para acreditar la adquisición de 24 bienes raíces y tres vehículos, además de US$ 4.800.000 en efectivo y $ 124 millones, lo que hace un total superior a los US$ 17 millones, los que serán restituidos a la familia.
Ante este fallo, los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la abogada Carmen Hertz, sólo pueden recurrir de casación a la Corte Suprema.
