Finalmente la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Ejecutivo el último proyecto de ley de la reforma educacional. El proyecto de universidades del Estado, que permite entre otras disposiciones, que las instituciones que tienen estatutos desde la dictadura puedan modificarlos, además de garantizar la participación de estudiantes, académicos y funcionarios en sus consejos universitarios.
En una jornada en la que además se despachó el proyecto que consagra la gratuidad y su continuidad, el Congreso despachó la ley número 29 referente a educación durante el gobierno de Michelle Bachelet, uno de los emblemáticos de su administración.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano se mostró feliz y satisfecha por haber logrado la aprobación de este proyecto y durante su intervención en la Cámara Baja destacó la importancia de fortalecer a las casas de estudio del Estado.
Críticas de las universidades públicas no estatales
Pese a la alegría del Ejecutivo al aprobar la normativa, el denominado G9, que agrupa a las nueve casas de estudio públicas y no estatales, criticaron la aprobación del proyecto, asegurando que entre otras cosas, se debilita al Consejo de Rectores (Cruch).
En ese sentido, el rector vicepresidente de la instancia, Óscar Galindo indicó que "los proyectos de ley de Universidades del Estado y de Educación Superior deberían fortalecer y potenciar el rol que, por más de 60 años, ha tenido el Consejo de Rectores, cuya trayectoria es fruto del trabajo colaborativo, entre el Estado y las universidades tradicionales -Estatales y Públicas no Estatales- del país, trabajo colaborativo que tiene como fundamental propósito, el fortalecimiento del sistema de educación superior del país en su conjunto".
Galindo puntualizó que el G9 esperará para reunirse en marzo con el nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela, a quien le plantearán las modificaciones que a su juicio necesita la ley.
