Después de casi dos semanas del estallido social que sumió a Chile en la mayor crisis política y social que haya enfrentado desde el retorno a la democracia, el presidente Sebastián Piñera anunció este miércoles que el país no será el anfitrión ni del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en noviembre, ni de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en diciembre.
La decisión fue tomada por "las difíciles circunstancias que ha vivido nuestro país y que hemos vivido todos los chilenos durante las últimas semanas", dijo el mandatario, agregando que la primera prioridad es "restablecer plenamente el orden público y la paz social".
Los dos eventos, a los que estaban invitados mandatarios de las mayores potencias mundiales, fueron cancelados en medio de masivas protestas.
Las movilizaciones comenzaron por el aumento de la tarifa del metro de Santiago pero hoy están motivadas por el descontento que provoca la profunda desigualdad económica y social del país, según reclaman los manifestantes, quienes denuncian haber sido excluidos del desarrollo que ha experimentado Chile en las últimas tres décadas.
Las protestas, que han dejado al menos 20 muertos y cientos de heridos, siguen ocurriendo diariamente en las principales ciudades del país, al tiempo que grupos saquean y prenden fuego a centros comerciales o medios de transporte.
Piñera anunció una agenda de reformas sociales y un cambio de varios ministros del gobierno, entre ellos de las carteras de Interior o Hacienda, entre otras concesiones para frenar la crisis, si bien sus medidas no lograron frenar las protestas.
Ese es el contexto en que el mandatario tomó la decisión de suspender la acogida de las dos cumbres.
"Un duro golpe a la imagen"
"Esto es un duro golpe a la imagen y la política exterior de Chile", señala a BBC Mundo Heraldo Muñoz, excanciller chileno durante el gobierno de Michelle Bachelet.
"Es lamentable. El gobierno no ha sido capaz de restablecer la paz social, ni responder a las demandas sociales".
Muñoz considera que habrá un impacto negativo en el corto plazo, pero a futuro, dice, Chile recuperará su posición en el escenario internacional.
En esa línea también se muestra Osvaldo Rosales, quien fue director general de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, exdirector de la División de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y actual consultor económico internacional.
"Esto es muy doloroso -subraya-, pero más vale que el mundo tenga una imagen más certera y más transparente de lo que es realmente Chile".
Chile tenía una imagen internacional de estabilidad económica, "pero ahora pierde espacios ganados en materia internacional", apunta.
Y como ahora el país "tendrá que dedicarse a sus desafíos domésticos, se reduce el espacio para una política exterior más activa".
"Chile no era un oasis como decía el presidente Piñera. Era también un centro de altísima desigualdad".
Golpe económico
En opinión de Rosales y otros expertos, la cancelación de las dos citas internacionales va a afectar severamente al comercio, al turismo, a la hotelería y a una gran cantidad de medianos y pequeños emprendedores, que estaban planeando negocios para aprovechar la oportunidad.
A la cumbre chilena de la COP25, considerada la mayor conferencia planetaria para enfrentar el cambio climático, estaba previsto que asistieran -además de jefes de Estado- cerca de 25.000 personas, en un evento con un costo aproximado de organización de US$62 millones (de los cuales US$35 millones provenían directamente de las arcas fiscales).
El Foro APEC en Santiago, por su parte, contaba con la asistencia de delegados y mandatarios de 21 economías que representan al 40% de la población mundial y el 60% del PIB global.
En el caso de Chile, el mercado APEC representa un 64% del intercambio comercial del país sudamericano con el mundo.
En cuanto al costo de este último evento, se calcula que superaba los US$40 millones de dólares y gran parte del dinero para los dos eventos ya se había gastado en los preparativos.
"No hubiesen tenido el peso final deseado"
Tras el anuncio del presidente, miembros del gabinete ahondaron en las razones detrás de la decisión.
"Desde el punto de vista político, es una decisión presidencial de mucha autoridad", le dijo a BBC Mundo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera.
"Realizar las dos cumbres habría significado que en un lapsus de 60 días, el presidente habría destinado un tercio de ellos, es decir, 20 días, solamente al tema internacional y eso no era posible", subrayó.
"Habría significado un costo político seguir insistiendo en cumbres y que estas no hubiesen tenido el peso final deseado. Esto requería una mayor tranquilidad social y una mayor dedicación de los líderes", agregó.
Con todo, reconoció que existen efectos negativos en la imagen de Chile hacia el exterior.
"Cuando en un país suceden hechos de violencia como en Chile, es indudable que la imagen del país se afecta".
Al mismo tiempo, no obstante, insistió en que "los daños a la imagen del país no son permanentes".
En el sector privado, empresarios chilenos vinculados al evento, entregaron su respaldo a la decisión de cancelarlo.
"Entendemos y apoyamos la decisión del gobierno", declaró Richard von Appen, presidente del Consejo Asesor Empresarial del APEC (ABAC).
"Chile requiere concentrar hoy todos sus esfuerzos en restablecer plenamente el orden público".
Efectos económicos de la crisis
Tras la cancelación de los eventos, la moneda y la bolsa chilena registraron bajas.
Y en el exterior, los mercados siguen atentamente lo que ha estado ocurriendo en Chile, un fenómeno que ha pillado a muchos por sorpresa, dada la imagen de estabilidad económica y política que el país tenía como carta de presentación.
Como aún no están claros los efectos económicos de la crisis que vive el país, inversores y analistas financieros evalúan la situación con cautela.
"Los efectos directos van a derivar de las interrupciones en la actividad de los negocios", le dijo a BBC Mundo Quinn Markwith, analista de la consultora británica Capital Economics, con sede central en Londres, especialmente en el comercio minorista.
El otro aspecto a tener en cuenta, explica, es la evolución de las decisiones que tomen los sindicatos mineros en apoyo a las protestas.
Pero "en el mediano plazo, los efectos económicos deberían compensarse con un relajamiento de la política fiscal y la política monetaria", apunta Markwith.
En lo que se refiere a la política fiscal "creemos que hay un buen margen para aflojar", peor en relación a las decisiones monetarias que toma el Banco Central, "ya se ha aflojado significativamente".
Y esa es justamente una de las preguntas que ronda en el debate chileno: de dónde saldrá el dinero para financiar las demandas sociales.
En esto, muchos de los manifestantes dicen que los recursos deben provenir de los sectores que más concentran la riqueza, algo que requeriría un cambio del sistema tributario, entre otras medidas.
A lo anterior, se suma el aporte de fondos fiscales que tendría previsto el gobierno para aplacar las quejas más urgentes, algo que aún permanece en la nebulosa.
En medio de la incertidumbre económica, política y social, los daños provocados al metro de Santiago mantienen interrumpido el transporte público y las personas llegan con dificultad a sus trabajos.
Los cálculos oficiales estiman que tomará meses el restablecimiento normal del servicio, mientras que muchos comercios han cerrado sus puertas por temor a que grupos violentos los destruyan.
Hasta antes de las protestas se proyectaba un crecimiento anual del PIB de 2,3% para este año, pero con los acontecimientos de las últimas semanas, el panorama se ha vuelto más incierto.
La furia no parece aplacarse
Y aunque el alza de la tarifa del metro y de la luz eléctrica anunciadas este año quedaron sin efecto, y el gobierno ha anunciado otras concesiones, el estallido social no parece aplacarse.
"Esto no va a parar hasta que exista una modificación importante de las reglas del juego", apunta el economista Osvaldo Rosales.
"A estas alturas hay sectores de la derecha que están abiertos a la posibilidad de cambiar la Constitución", vigente desde agosto de 1980, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
"En el corto plazo hay que resolver demandas urgentes como el tema de las pensiones y la salud, mejorar los sueldos y cambiar la estructura tributaria", agrega.
"Pero todo eso pasa por una nueva Constitución que permita marchar hacia un Chile más justo", una postura que apoya un sector de los manifestantes, pero que genera una fuerte controversia en el país.
El debate también se ha extendido a la política: en unas declaraciones a CNN, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, consideró esta semana que Chile necesita una nueva Carta Magna.
Preguntado por ello este miércoles, el presidente se mostró abierto: "Vamos a analizar las reformas estructurales después de escuchar con atención y honestidad a todos los chilenos (...) No descarto ninguna solución, ninguna reforma estructural".
