Tras la elaboración de un instructivo por parte de la Fiscalía Nacional con el objetivo de limitar las expresiones públicas de los persecutores sobre casos de contingencia y para cuestionar las filtraciones ocurridas en el organismo, diversas autoridades mostraron su apoyo a la iniciativa.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy dijo a La Tercera que "los tribunales y la Fiscalía están basadas en dos principios esenciales de nuestro país, que son la objetividad y la imparcialidad”. Por lo tanto, "el Ministerio Público ha tomado una decisión para su propia institución y es que las filtraciones afectan los objetivos básicos que debe tener la justicia”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Pedro Araya comentó que "la decisión de Abbott apunta en la dirección correcta”, ya que "en el minuto en que un fiscal emite una opinión sobre alguna persona pierde la imparcialidad que la ley le obliga a tener”.
Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de Chile, Arturo Alessandri Cohn explicó que se requería ese avance y calificó la nueva política como una "buena noticia", debido a que "apunta a evitar los excesos y abusos cometidos por algunos abogados y fiscales".
De la misma forma, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic determinó que el instructivo concuerda con sus principios.
Igualmente, aclaró que no cree que se haya pretendido dar a las filtraciones el carácter de "corrupción", ya que "el fiscal nacional no puede darle el carácter de corrupción a nada".
Sin embargo, calificó a ese tipo de prácticas como "especialmente perjudiciales”.
“Un fiscal no puede comunicar a través de una filtración. Atenta contra un principio de objetividad y no es susceptible a ser amparado en algún sistema", concluyó.