La Multigremial Nacional, una asociación que trabaja para dar visibilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas, interpeló al Estado a tomar medidas ante la proliferación de los denominados “malls chinos”.
A través de un comunicado, la asociación liderada por el economista Juan Pablo Swett, argumentó que los malls chinos tienen un crecimiento anual de un 30%, “convirtiéndose en una verdadera amenaza al comercio establecido que opera de manera formal y cumpliendo estrictamente la ley”.
Ante esto, la Multigremial Nacional interpeló al Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y al Ministerio de Trabajo.
Además, en el escrito hacen referencia a la filtración de los chats entre la diputada Karol Cariola y la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para solicitar ayuda con las patentes de un comerciante chino.
Los argumentos de la Multigremial Nacional contra los malls chinos
En el escrito, la asociación manifestó que “a través de los medios de comunicación hemos sido testigos de hechos constitutivos de delito en beneficio de los comercios chinos, vinculados a la obtención de patentes irregulares, reuniones sin ley de lobby e inicio de obras sin permisos de edificación, en un contexto donde las Pymes formales son azotados por la permisología y burocracia”.
“El funcionamiento de algunos de estos comercios chinos atenta contra la libre competencia y daña la competitividad de las empresas de menor tamaño. Algunos no emiten boletas de venta, comercializan productos ilegales e incluso tienen denuncias de explotación laboral”, enfatizaron.
En este sentido, solicitaron al SII “un plan de fiscalización exhaustiva y urgente para asegurar que estos comercios operen bajo conceptos de competencia leal y apegados a la ley tributaria”.
Y también, la Multigremial Nacional pidió al Sernac que fiscalice para resguardar el cumplimiento a la Ley del Consumidor.
Por otra parte, exigieron al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, “que oficien a los municipios para que informen los permisos y patentes otorgados para la construcción y operación de este tipo de comercios en sus comunas, aportando de paso los antecedentes para demostrar que se cumplió con los trámites y requisitos estipulados en la ley”.
“Finalmente, solicitamos al Ministerio del Trabajo que haga lo propio en materia de fiscalización en los comercios de origen chino para asegurar que éstos adhieran finalmente la regulación laboral de Chile, así como también a los tratados internacionales que suscribimos como país”, concluyó el comunicado.
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