A través de una carta abierta dirigida al Presidente de Chile, Gabriel Boric y a su par de Perú, Dina Boluarte, Amnistía Internacional solicitó a ambos mandatarios el retiro de las fuerzas militares desde la frontera entre ambos países, en el marco de la crisis migratoria.
Según señaló la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, “hemos enviado una carta abierta al Presidente Boric y la Presidenta Boluarte para expresar nuestra honda preocupación por la situación que enfrentan personas en necesidad de protección internacional en la frontera entre Chile y Perú. Esto, a raíz de las medidas implementadas por sus gobiernos de ambos países en respuesta a la presencia de personas refugiadas y migrantes tratando de cruzar la frontera en esta zona, incluyendo el despliegue de fuerzas militares y la imposición de un estado de emergencia"
Guevara añadió que "estas medidas contravienen las obligaciones internacionales de Chile y Perú, por lo que les exhortamos a recapacitar y poner la protección de los derechos humanos al centro de cualquier decisión”.
El documento señala que "la implementación de estas medidas ha desatado una crisis humanitaria en la frontera entre ambos países en las últimas semanas, donde se estima que alrededor de 300 personas, en su mayoría venezolanas, así como personas haitianas y de otras nacionalidades, se encuentran varadas".
"De acuerdo a la información reportada por organizaciones y por medios, varias de estas personas estarían tratando de salir de Chile para regresarse a Perú, Venezuela, o ir hacia Estados Unidos ante las precarias condiciones económicas de estancia en el país, así como la discriminación y la imposibilidad de poder regularizar su situación migratoria", añaden.
La misiva señala que tanto Chile como Perú, estarían faltando a instrumentos internacionales a los que están suscritos.
"Toda persona tiene derecho a buscar asilo. Las personas venezolanas y haitianas tienen necesidades de protección internacional, en el sentido de las definiciones establecidas en instrumentos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, y la Declaración de Cartagena de 1984. Tanto Chile como Perú han suscrito estos instrumentos, y los han incorporado en sus legislaciones nacionales", acusan.
En ese sentido, señalan que "los Estados tienen la obligación de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso al territorio y a procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiados, y que no se las rechace en frontera en vulneración del principio de no devolución. Este principio prohíbe a los Estados devolver o trasladar a cualquier persona a un lugar donde pueda ser perseguida, o pueda sufrir violaciones graves".
Finalmente, rechazan que sean los militares los que se encuentren resguardando la zona, señalando que "el derecho internacional de los Derechos Humanos también es contundente al señalar que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En este sentido, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados solo deben recurrir a las fuerzas militares en casos extraordinarios, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso".
Revisa la carta completa a continuación:
