Fue el pasado 24 de enero cuando la empresa Hendaya realizó una presentación ante la Contraloría, acusando posibles irregularidades en licitaciones de servicios alimentarios para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
De acuerdo al texto, al que tuvo acceso T13.cl, la firma solicita que Contraloría intervenga en la Junaeb por supuesta falta a los deberes de eficacia y eficiencia en protección del patrimonio fiscal. Y pide que no se tome razón del acto administrativo que estableció la adjudicación de uno de los procesos mencionados.
Sobre lo primero, se hace presente al ente administrativo que existirían multas aplicadas y no cobradas a participantes que habrían incurrido en infracciones graves y sostenidas en los servicios comprometidos en procesos anteriores.
Se citan las bases ID 85-50 LR16 y en resumidas cuentas, el escrito plantea que los sancionados en esta licitación logran una “ventaja por infracción”, ya que ellos se habrían adjudicado parte de esta oferta sin cumplir con lo pactado y no sufrieron el perjuicio que corresponde a la multa que se menciona. Esto termina por desincentivar la participación de otras empresas, a juicio de Hendaya.
El otro punto tiene que ver con que en el último proceso licitatorio, el ID 85-15 LR17, Hendaya se percató que tres oferentes (Fedir S.A., Fedir Chile SpA y Consorcio Merken SpA) “habían ofertado servicios y raciones en caso todas las zonas del país, con un patrón si no idéntico, muy similar”.
En el escrito se hace ver que la situación mencionada “es casi imposible de ocurrir si no existe una coordinación tan estrecha y compartimentada de información”.
La alerta que plantea Hendaya tiene que ver con que estos oferentes, al estar presumiblemente relacionados, representarían una concentración de cerca del 75% del mercado, lo que va en contra de lo que plantea Junaeb, los que según el escrito debieran “evitar a toda costa alta concentración de adjudicatarios, combinando precio, calidad, continuidad, seriedad e historial de cumplimiento en el rubro, pues al atomizar se difumina el riesgo de incumplimiento o de graves faltas de un solo prestador y así se evita que los niños más vulnerables del país no reciban sus raciones si ese prestador no es capaz de cumplir o entra en falencias técnicas”.
Hendaya
La presentación realizada ante el ente administrativo fue vista con curiosidad por algunos participantes de la industria. Particularmente hacen presente que la firma que envió el escrito está siendo investigada desde el 2015, de manera desformalizada, por los posibles delitos de cohecho, fraude al fisco y negociación incompatible, junto con otra firma, Verfrutti, e incluso tendría entre sus imputados al ex director de la Junaeb, José Miguel Serrano (DC).
Ambas empresas se adjudicaron ese mismo año vía trato directo y con un sobre precio de $5 mil millones una serie de unidades territoriales que fueron adjudicadas inicialmente a otra firma, Ferbas S.A., que finalmente habría perdido lo licitado a causa de supuestos "incumplimientos y abandono" del contrato.
En la industria desvirtúan lo señalado por Hendaya ante la Contraloría en cuanto a que habría empresas relacionadas que suman el 75% del mercado a nivel nacional, toda vez que se trata de una industria en la que participan una veintena de actores. De hecho, si se considera la participación de mercado a nivel nacional entre las empresas que entregan sobre 20 mil raciones diarias, el ránking está liderado por Aliservice, Savisa, Distal y la propia Hendaya, con participaciones de 16%, 11%, 11% y 10%, respectivamente.
Según las estimaciones de Hendaya, las empresas Fedir, Fedir Spa y Merkén podrían llegar a adjudicarse -en conjunto- hasta el 75% de las raciones que considera el actual proceso en las regiones IV, V, parte de la RM, parte de la IX y la XII regiones.
Asimismo, la curiosidad de otros participantes de la industria se centra en el cuestionamiento al no cobro de multas, ya que la misma Hendaya habría sido notificada de otra serie de procesos sancionatorios en su contra, donde se consideran sanciones a firme por cerca de 1.100 millones de pesos además de multas cursadas -pero en proceso de apelación- que superarían los 600 millones de pesos.
