Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar dejar sin efecto el “criterio Valencia” que impuso a principios de abril el fiscal nacional, Ángel Valencia, y que consiste en que los persecutores pidan prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos por la comisión de un delito y que no cuenten con su documentación al día.
Los abogados explicaron a El Mercurio que la orden del líder del Ministerio Público amenaza “la libertad personal, y seguridad individual”, además de “la igualdad ante la ley y la no discriminación”.
"No tenemos dudas de que el oficio del Ministerio Público viola los derechos humanos de un colectivo vulnerable, como lo son los migrantes (...). Esperamos que se acoja la petición en defensa de los migrantes, que no pueden ser criminalizados por su sola condición", dijo Ciro Colombara al medio.
La orden de Valencia se dio luego del asesinato del carabinero Daniel Palma, crimen por el que hay cuatro personas detenidas, todas de nacionalidad venezolana.
Los mismos abogados intentaron que la Corte de Apelaciones frenara la ofensiva del Ministerio Público, pero la justicia consideró que ellos no eran el ente adecuado para invalidar el instructivo de Valencia.
Algunos parlamentarios presentaron un proyecto de ley para que el “criterio Valencia” se convierta en una norma legal, sin embargo, esto no ha tenido avances en el Congreso.
Según justificó el propio Valencia, el criterio busca poder conocer los antecedentes de todos los detenidos, incluso de quienes no tengan documentos legales en Chile.
