Por Felipe Hurtado H. y Francisco Valenzuela
Ocurrió a las dos de la tarde con cinco minutos, el 8 de septiembre de 2014.
Una bomba casera, instalada 20 minutos antes al interior de un basurero de la Galería Norte del Subcentro en la Estación Escuela Militar del Metro de Santiago -lugar por donde pueden llegar a transitar 12 mil personas por hora– explotó y su efecto expansivo dejó a 22 personas heridas, entre ellas a Marta Hernández, la aseadora que se encontraba más cerca del artefacto y perdió el dedo anular derecho.
“Muerte al Estado policial”, gritó Juan Flores Riquelme cuando, 10 días después, fue detenido por Carabineros junto a su pareja Nataly Casanova y Guillermo Durán. Para el Ministerio Público, él es el principal responsable de la colocación del artefacto explosivo en Escuela Militar y también de los atentados en el andén de Los Dominicos del tren subterráneo, el 13 de julio de ese mismo año, y de otros dos estallidos en la 1ª Comisaría de Santiago y en la 39ª de El Bosque, el 11 de agosto.
Tanto él como Casanova quedaron en prisión preventiva. En cuanto a Durán, la Fiscalía determinó no perseverar en su contra ante la falta de antecedentes que confirmaran su participación en los hechos.
Casi siete meses después, el 6 de abril de 2015, la policía uniformada capturó en Puente Alto a Enrique Guzmán, el supuesto cuarto integrante de la “célula anarquista compacta”, la que acusan es liderada por Flores.
Largo juicio
Han pasado tres años del mayor incidente de esta tetralogía, considerado en su momento como el atentado explosivo más grande de los más de 200 producidos en el país a partir de 2005 y al que la Fiscalía le atribute carácter terrorista.
Luego de una investigación de dos años, el 24 de marzo comenzó el juicio en contra de Flores, Casanova y Guzmán, quienes arriesgan penas desde los 10 años y un día hasta cadena perpetua simple.
Aunque en principio se habló de que la causa, debido a su complejidad y sus 650 pruebas, se prolongaría hasta por cuatro meses, ya lleva más de cinco y es muy probable que se extienda, al menos, por dos meses más, de acuerdo a la opinión de las defensas, aunque algunas voces conocedoras del caso no descartan que pueda alargarse otros cuatro o cinco meses.
La Fiscalía espera concluir en 30 días su parte y después dar paso al trabajo de los abogados de los acusados, quienes, si bien se encuentran en buenas condiciones, ya están aburridos de todo este tiempo en el estrado.
Septiembre se supone que será el mes en el que concluirá la prueba del Ministerio Público, para que la defensa rinda sus antecedentes en octubre, y así posiblemente se podrá esperar el fin de este proceso para noviembre.
El ADN y la tarjeta Bip!
La prolongación del proceso que lleva el fiscal Raúl Guzmán tiene que ver con la discusión que se ha dado en torno a dos de los temas más importantes que forman parte de la exposición de antecedentes del Ministerio Público, con los que pretenden despejar dudas en los jueces del Sexto Tribunal Oral en Lo Penal, como son las pruebas de ADN y los recorridos de la tarjeta Bip! Vinculada a Juan Flores.
Esta última materia ha tenido una lata discusión, debido a que la muestra de los distintos caminos que habría seguido el principal imputado -el que arriesga cadena perpetua- ha sido minuciosa.
El nivel de detalle es tal que múltiples peritos se han referido largo a, por poner un ejemplo, el camino que tomó Flores para presuntamente instalar alguno de los artefactos explosivos que se le atribuyen.
El otro tema extenso tiene que ver con la discusión vinculada a la prueba de ADN que buscan apuntar a las responsabilidades de los acusados.
Aunque Hollywood ha hecho creer al mundo de que se trata de un análisis indesmentible, en la realidad este antecedente se mide en una serie de marcadores y mientras más de estos coincidan con una determinada persona, mayor es la probabilidad de que la muestra corresponda a ella.
Sin embargo, a juicio de cercanos a la defensa, algunas de estas pruebas tendrían algún grado de inexactitud que permitiría acreditar que no necesariamente pertenecen a los acusados.
Un caso menos ruidoso
A diferencia del denominado caso Bombas, el que se desarrolló entre 2011 y 2012, este proceso se ha realizado muy lejos de la bulla mediática. Es más, pasó de una de las salas grandes del tribunal a una más pequeña, a la que solo se puede acceder con autorización especial.
Ha contribuido a esto también que los magistrados, después de lo que sucedió con algunos testimonios del juicio por el femicidio frustrado de Nábila Rifo, optarán por no permitir que se filmaran algunos testimonios y pruebas del proceso.
A eso la Fiscalía le ha impreso un carácter silencioso a su trabajo. Ni siquiera algunos triunfos, como conseguir que les aprobaran más del 90 por ciento de las pruebas, fueron celebrados públicamente.
Y comparativamente hablando, tenían sus razones. En el juicio de 2011, a la Fiscalía le dejaron fuera cuatro mil evidencias, lo que colaboró para que en ciertos sectores de la opinión pública se instalara la idea de que se trataba de un montaje y fue el comienzo del derrumbe de la acusación terrorista del Ministerio Público, que a la larga sufrió un durísimo revés con la absolución de los implicados.
Esa vez, la deliberación del Tercer Tribunal Oral incluyó duras críticas al trabajo de los fiscales. “Surgieron aristas que no fueron objeto de análisis policial ni fiscal, determinándose entonces que ésta (la investigación) resultó incompleta y como tal conlleva un sesgo de parcialidad”, decía el escrito.
Esta vez, se ha procurado que el trabajo tenga un desenlace diferente.
“La nuestra es una investigación seria y responsable. Hemos sido sobrios. No hemos hecho de estos una exposición en los medios. Nunca apostamos por los medios para hacer presión”, dice Marcos Pastén, jefe de la Unidad de Corte y vocero de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.
Fiscalía: un acto terrorista
Pese a los ya casi cinco meses en tribunales, Pastén cree que el juicio se ha desarrollado por los canales normales. "Estamos hablando de un juicio extenso, son cuatro fechas (explosiones), 190 testigos, 87 peritajes, 200 documentos y más de 650 evidencias (…) Estamos dentro de los plazos contemplados”, comenta.
El Ministerio Público confía en que cuenta con elementos contundentes para vincular a los acusados con las explosiones. “Tenemos evidencia de imágenes, ADN, testimonios. Esperamos poder acreditar suficientemente en estos hechos, que nosotros además le damos carácter de terroristas”, agrega Pastén.
Este último aspecto es muy importante para el lado acusador. Sería un duro golpe que el tribunal no les diera la razón en esto, pero también estiman que se transformaría en un problema para el juzgado fijar su eventual decisión al respecto.
“Creemos que vamos a poder probar la participación de estos sujetos en este hecho (…) Será difícil explicarle a la opinión pública que poner una bomba en un sistema de transporte público, al mediodía, con 22 personas heridas, no constituye un acto terrorista”, opina el portavoz.
Pastén descarta inconvenientes en la presentación de los argumentos respecto del ADN y la tarjeta Bip!, que “vinculan directamente a las personas con los hechos (…) Es de interés de las defensas, que son activas, de ser lo más acuciosas y controladoras con esas pruebas, porque ese es el punto que necesitan desarticular”.
Para la Fiscalía, sus antecedentes son fuertes en su conjunto.
“Toda la prueba integrada, analizada en su conjunto, entrega un resultado. Si usted quiere analizar solo el ADN o la Bip! o las imágenes y nada más, podría decir que estamos débiles. Pero usted tiene que mirar ADN más Bip! más imágenes más evidencia más peritaje más testigos”, subraya Pastén.
El vocero agrega que, “a diferencia de otros casos, aquí tenemos evidencia científica que los vincula con los artefactos”.
T13.cl intentó conversar con familiares de los acusados, los que rechazaron entregar su versión de este proceso para “no entorpecer las defensas de los acusados”.
