La práctica del "perro muerto" ha alcanzado una real importancia esta semana después del revuelo que causó el denominado "Kaiser del perro muerto" y el proyecto de ley que busca aumentar las penas para estos actos.
En nuestro país, "perro muerto" se le llama a la práctica que realizan las personas que se van de un restaurante sin pagar lo que ya han consumido.
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Un proyecto de ley, presentado por el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, busca aumentar las penas para esta falta. Sin embargo, muchos ignoran cuales son las sanciones actuales por cometerla.
¿Cuál es el procedimiento legal?
Conversando con T13.cl, el diputado explicó que hoy no existe este delito tipificado como tal y por tanto, no tienen una pena específica a diferencia de los robos que ocurren dentro de las empresas de retail o supermercados, por lo que no existen penas claras.
En caso de ser víctimas, los dueños de restoranes deben contratar un abogado para poner una denuncia de incumplimiento a obligación civil por haberse negado a pagar una cuenta o realizar una demanda por estafa. Bajo estas demandas, y dependiendo de la cifra de la cuenta, las personas podrían en el peor de los casos arriesgar a presidio menor.
Esto fue lo que ocurrió con el "Kaiser del perro muerto", que fue denunciado por estafa. Sin embargo, no es muy común que esto se lleve a cabo porque supone un mayor gasto de dinero que ganancia para los locatarios.
"Contratar a un abogado por 200 mil pesos por una deuda de 50 mil pesos no es una ganancia, por eso no es común que la gente demande", explica el parlamentario.
Según Durán, las reales víctimas del "perro muerto" son los garzones, ya que en su mayoría son ellos quienes deben pagar por esta injusticia.
“Nosotros impulsamos un proyecto de ley que busca sancionar el perro muerto como tal. Buscamos de una vez por todas que las personas que se dedican a hacer deporte del perro muerto tengan una pena asignada al delito", aseguró Durán.
¿Qué pretende el proyecto?
Durán explicó que lo que se busca es tipificar este delito, para así poder tener multas y penas concretas.
El proyecto propone penas de presidio menor en su grado mínimo y medio, de 761 a 540 días, y multas que van de 1 a 4 UTM es decir, de hasta 200 mil pesos.
Actualmente, el proyecto se encuentra en su primer trámite institucional y debe ser asignado a una comisión para ser evaluado.
