Sobrecarga laboral y una falta de personal parecen ser las razones detrás de las fallas asociadas a la baja fiscalización a los progamas del Sename, institución que cuenta con 102 supervisores técnicos para la vigilancia de 1.204 proyectos a nivel nacional. Es decir, un promedio de doce proyectos por cada un supervisor.
Así lo reveló este lunes una publicación del diario El Mercurio, que accedió a antecedentes que fueron revelados luego que el diputado por Renovación Nacional (RN), Nicolás Monckeberg, realizara una solicitud de información a través de la Ley de Transparencia, y que describen incluso un incremento en las falencias detectadas, entre los años 2013 y 2015.
El Sename cuenta con tres programas "Familia de Acogida", los que están destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desamparo. Es aquí donde existe un número determinado de cupos o plazas disponibles para albergar a los jóvenes. Los proyectos considerados abarcan los programas de atención ambulatoria, las residencias, las oficinas de protección de derechos y los programas de familias de acogida especializada, de diagnóstico ambulatorio y de representación jurídica.
Sin embargo, estos programas cuentan con muy bajos índices de fiscalización a pesar de que sus usuarios son niños y niñas con problemas de alta complejidad. De hecho, de acuerdo al informe, uno de cada cuatro programas (751 en total) parece haber sido fiscalizado solo una vez al año, en tanto que 338 programas no fueron supervisados en tres años. Ello significa que aproximadamente 15.600 plazas que son destinadas a la protección de niños, no han sido fiscalizadas desde 2012.
En tanto, el documento informa que en la Región de Los Lagos no se habrían supervisado al menos tres programas de familias de acogida que cuentan con 125 cupos para niños en riesgo social, mientras que actualmente en Atacama hay solo tres fiscalizadores para 47 proyectos.
Monckeberg, al referirse al tema, señaló que no resulta sorprendente con datos como estos que se produzcan situaciones como la de Lisette, quién murió en un centro del Sename de Estación Central en abril de este año.
De acuerdo al parlemetario, deberían existir dos condiciones mínimas para que se entreguen recursos: “Que no se apruebe ningún traspaso de dinero a alguna institución cuando no esté garantizada al menos una fiscalización trimestral y con estándares técnicos aceptables, y que se hayan tomado las medidas que se desprendan de esas fiscalizaciones”.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename (Anfuse), que agrupa al 98% de los funcionarios fiscalizadores, aseguró que hay algunos matices: “Si bien la carga laboral de los fiscalizadores ha sido siempre alta y que los supervisores concentran una alta gama de tareas hay un problema de gestión". Para Basto parte de la solución reside en bajar la cantidad de proyectos a cargo de cada supervisor, "eso mejoraría el impacto de cada fiscalización", finalizó.
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