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El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó este martes un enjuiciamiento contra el Presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso Odebrecht.
En una sesión sin acceso a la prensa -impedido por la policía militarizada-, los opositores acogieron la petición de apertura del antejuicio de mérito, hecha por jueces de un tribunal supremo de justicia paralelo y en el exilio, que, reunidos el 9 de abril en Bogotá, pidieron también la captura de Maduro.
"Existen méritos suficientes para continuar con el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue" al presidente, subrayó la resolución, aprobada por 105 diputados opositores, con el rechazo de los únicos dos oficialistas presentes en el plenario.
Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró al Parlamento en desacato desde que la oposición asumió 112 de los 167 escaños en 2016, por lo que anula sistemáticamente todos sus acuerdos.
El fiscal general, el chavista Tarek William Saab, escribió en Twitter que la decisión legislativa carece de "legitimidad", y calificó de "show" y acto "bufo" la resolución de la corte paralela, cuyos magistrados -dijo- "son prófugos de la justicia al usurpar funciones".
En medio de una fuerte crisis, tras cuatro meses de violentas protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos, el Parlamento nombró en julio de 2017 a 13 magistrados titulares y 20 suplentes para reemplazar a parte del TSJ oficialista.
No obstante, los jueces se exiliaron en Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos, luego de que Maduro amenazó con encarcelarlos por "usurpadores". Tres de ellos llegaron a ser detenidos.
Esos magistrados, que sesionan virtualmente desde donde están exiliados, pidieron el antejuicio tras acoger a su vez una solicitud contra Maduro presentada por la ex fiscal general Luisa Ortega, quien huyó en agosto de 2017 tras ser destituida por la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos.
Durante la sesión en Bogotá, Ortega, presentó documentos que según ella demostrarían que la campaña de Maduro en 2013 recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, y pidió acusarlo de delitos de "corrupción propia y legitimación de capitales".
"Este es uno de los muchos juicios que se han debido ventilar contra Nicolás Maduro, quien también tiene que ser enjuiciado (...) por la emergencia humanitaria" en el país, dijo desde la tribuna el legislador Tomás Guanipa, en el debate parlamentario.
El diputado oficialista Juan Marín consideró la acción como una "mamarrachada". "Esto no tienen ninguna consecuencia legal, es un intento de golpe de Estado", aseguró, al tomar la palabra.
Expertos consultados por la AFP advirtieron fallas de procedimiento, pues un antejuicio de mérito debe de ser aprobado por la Sala Plena, de 32 magistrados, por lo que consideraron el proceso más un acto político que jurídico.
