Un grupo de parapolicías irrumpió violentamente en la basílica de San Sebastián, de Diriamba, y agredió a varios obispos y periodistas, entre ellos al nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio Báez. La agresión ocurrió cuando los obispos viajaron a Diriamba, 42 kilómetros al sur de Managua, para liberar a un grupo de paramédicos y misioneros franciscanos sitiados por los parapolicías en el templo.

La situación se presentó después de que una delegación de la iglesia católica, acompañada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPHD), entró en la plaza central de Diriamba, cuya basílica estaba rodeada por unos 200 encapuchados paramilitares y parapolicías, así como decenas de policías fuertemente armados y algunos de ellos también con los rostros tapados. Agentes uniformados desaparecieron para dar paso a centenares de encapuchados civiles y simpatizantes del presidente Daniel Ortega.

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Encapuchados oficialistas con machetes y pistolas

Esos grupos se aproximaron a la basílica al grito "¡entreguen las armas!" y "¡No eran estudiantes, eran delincuentes!", en referencia a los universitarios asesinados por la represión. Brenes intentó dirigirse a los simpatizantes de Ortega, quienes le gritaron "¡asesino!" y "¡culpable!", pero ante el intento infructuoso, el prelado decidió ingresar a la basílica por la puerta trasera.

Durante el forcejeo los encapuchados agredieron brutalmente con puñetazos a los obispos, a quienes encañonaron con pistolas, lo que les permitió acceder al interior del templo armados con machetes y pistolas, pudo constar Efe. La muchedumbre oficialista aprovechó el momento para golpear a los periodistas que cubrían el evento, además de robar y destruir sus teléfonos y equipos de trabajo, en los que habían registrado la jornada.

El ataque a los obispos fue parte de los actos violentos que se dan en medio de una crisis que ha cobrado la vida de al menos 320 personas desde el 18 de abril pasado a causa de la represión del Gobierno, según la ANPDH.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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