Colombia recibió el sábado a 59 nacionales que fueron deportados desde Venezuela donde, según el gobierno de Iván Duque, estuvieron detenidos "arbitrariamente" por casi tres años acusados de "terrorismo" por un complot denunciado por el presidente Nicolás Maduro.
Los 59 colombianos -58 hombres y una mujer- llegaron a la ciudad de Cúcuta por el Puente Internacional Simón Bolívar, tras ser trasladados en un avión militar desde Caracas donde permanecían bajo arresto en calabozos policiales.
Una delegación de altos funcionarios colombianos les dio la bienvenida en el lugar.
"Estos ciudadanos entraron a Colombia, están en proceso de verificación, pero son ciudadanos que no tienen procesos judiciales pendientes en este país", dijo a la prensa el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa.
El 1 de septiembre de 2016, Maduro anunció que su gobierno había derrotado "un intento de golpe de Estado" que incluía el asalto del palacio presidencial de Miraflores. El mandatario afirmó entonces que habían sido capturados 92 "paramilitares colombianos".
Con posteriores excarcelaciones, el grupo se redujo a 59 detenidos, acusados de "terrorismo" por la fiscalía en noviembre pasado.
Sin embargo, el gobierno colombiano insistió este sábado en que se trató de una "detención arbitraria" y acusó a las autoridades venezolanas de violar "sus derechos humanos" y "garantías procesales".
Esto "nunca debió ocurrir, ya que no cometieron delito alguno y, además, no tenían antecedentes penales. Este triunfo del gobierno Colombiano es una muestra evidente de la debilidad de la dictadura de Nicolás Maduro, que empieza a sucumbir ante la presión diplomática", señaló el ejecutivo en un comunicado.
De su lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia saludó la "liberación" de los 59 colombianos "detenidos arbitrariamente".
Asimismo, remarcó en Twitter que la excarcelación es "un signo positivo" del gobierno de Maduro, que responde a los "compromisos" asumidos durante una reciente visita a Caracas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
"Demasiada injusticia"
Entre el grupo de deportados hubo varios que dejaron su familia en Caracas y se mostraron visiblemente consternados por la separación forzosa.
"Era demasiada injusticia, pasando hambre de todo...pero allá se quedaron mis tres hijos. No me quería venir, pero los abogados dijeron (...) que podían capturarme otra vez", señaló a la prensa Javier Carvajalino, de 44 años.
De igual forma, Fabio Hernández, de 41 años, debió separarse sus tres hijos y esposa, todos venezolanos.
"Tenía mi familia muy bonita y la destruyeron después de todo eso, y para recuperarla va a costar mucho", agregó este colombiano, quien según precisó llevaba diez años en Venezuela antes de su expulsión.
Las detenciones impactaron en las tensas relaciones que Venezuela y Colombia mantienen desde el ascenso al poder del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Sin embargo, el deterioro alcanzó su punto más álgido bajo el gobierno de Maduro, quien rompió los vínculos diplomáticos en febrero último, a raíz del fallido ingreso de ayuda humanitaria donada por Estados Unidos y que pretendía introducir la oposición venezolana desde Cúcuta.
Maduro denunció la operación como un plan para invadir militarmente a Venezuela, en medio de la peor crisis económica y política que afronta esa nación en tiempos modernos.
En su momento el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, tildó de "aterrador" el caso de los 59 detenidos un mes después de las acusaciones formales por "terrorismo".
"Se remitieron 119 notas verbales y comunicaciones oficiales exigiendo la liberación, se realizaron más de 100 visitas consulares a los detenidos, 56 actividades con los familiares, 14 jornadas de asistencia médica, 28 entregas de alimentos", destacó este sábado el gobierno.
Además, Bogotá elevó el caso ante Bachelet frente a las "condiciones deplorables" del centro de detención donde se encontraban los colombianos.
Ante el hacinamiento en las cárceles, denuncian organizaciones de derechos humanos, es habitual la superpoblación en calabozos policiales en el país petrolero, donde por ley los detenidos no deberían pasar más de 72 horas.
