La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen conversará este jueves con el primer ministro británico Boris Johnson después de una noche de intensas negociaciones en Bruselas para lograr in extremis un acuerdo posbrexit que los salve de una dura ruptura abrupta, un objetivo que parece inminente tras meses de espinosas negociaciones.
Los dos líderes conversarán durante la mañana "si todo va bien", dijo una fuente europea. Y acto seguido harán una declaración a la prensa.
Este pacto histórico, que definirá su futura relación comercial, se negocia desde marzo. El Reino Unido, que abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero, corta definitivamente sus lazos con el bloque el 31 de diciembre y la finalidad es evitar un divorcio sin acuerdo, que sería lamentable desde el punto de vista político y muy dañino financieramente hablando.
Este jueves, los diarios británicos celebraban anticipadamente la noticia. "Hay acuerdo", decía el Daily Express, "¡Aleluya!", titulaba el Daily Mail, "Acuerdo por Navidad", resumía el Daily Mirror.
Según una fuente gubernamental francesa, los negociadores británicos aceptaron en los últimos dos días hacer "concesiones enormes" en la cuestión de los derechos pesqueros, el último punto que bloquea estas negociaciones.
Fuentes diplomáticas europeas explicaron que las últimas horas se dedicaron a "verificar" la letra pequeña del acuerdo para estar seguros de que no se han dejado nada en el tintero.
Esta semana, en la recta final de las negociaciones y con la presión que supone ver que el plazo del 31 de diciembre se agota, la política pudo más que los aspectos técnicos y Von der Leyen y Johnson tomaron el timón de las negociaciones.
Si las partes logran un entendimiento, el acuerdo deberá ser validado por los Estados miembros, un proceso que puede llevar varios días, aunque quedará tiempo para que se aplique de manera provisional desde el 1 de enero, cuando el Reino Unido abandona oficialmente el mercado único.
El texto tendrá que ser validado después por el Parlamento europeo.
- La pesca, el último escollo -
Sin un acuerdo, las relaciones entre ambas partes se regirían por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un escenario de consecuencias económicas imprevisibles que conlleva aranceles y cuotas, y la multiplicación de formalidades burocráticas que pueden conllevar atascos y retrasos en las entregas.
Una perspectiva funesta para el Reino Unido, ya sacudido esta semana por las consecuencias de la aparición de una nueva cepa del coronavirus, más contagiosa, que ha aislado en gran medida al país.
El acceso de los pescadores europeos a las ricas aguas británicas ha sido el último obstáculo en estas conversaciones, que sí lograron un entendimiento en el resto de las cuestiones espinosas, como la manera en que las partes resolverán sus futuras diferencias o las formas de protegerse de la competencia desleal.
La cuestión pesquera no tiene en realidad gran peso económico pero sí una importancia política y social para varios Estados miembros, como Francia, Holanda, Dinamarca o Irlanda.
El Reino Unido insiste en "recuperar el control de su pesca" tras el fin del periodo de transición, el 31 de diciembre.
Las divergencias se centran en el reparto de unos 650 millones de euros (800 millones de dólares) en pesca capturados cada año por los barcos europeos en los ricos caladeros británicos y la duración del periodo de adaptación para los pescadores europeos.
- Una proeza -
Lograr un acuerdo en diez meses, aunque cuatro años y medio después del referéndum sobre el Brexit, constituiría una proeza para Londres y Bruselas, sobre todo para un acuerdo de esta envergadura, pues negociaciones así suelen demorar años.
Hicieron falta dos años y medio para negociar el acuerdo de retirada que sellaba la salida británica, concluido a finales de 2019, un texto que aporta una seguridad jurídica a los expatriados de ambos lados del canal de la Mancha y garantías sobre el mantenimiento de la paz en la isla de Irlanda.
Con este acuerdo, la UE ofrecería a su antiguo miembro un acceso inédito sin aranceles ni cuotas para su inmenso mercado de 450 millones de consumidores.
Esta apertura iría acompañada de estrictas condiciones: las empresas del Reino Unido deberán respetar un número de normas que evolucionarán con el paso del tiempo en materia de medioambiente, derechos laborales y fiscales, para evitar cualquier competencia desleal.
Un mecanismo permitiría a ambas partes activar rápidamente medidas, como aranceles, en caso de divergencias sobre estas normas. La UE reclama también garantías en materia de ayudas públicas.
En caso de una ruptura brutal, el Reino Unido habría perdido mucho más que Europa: los británicos exportan un 47% de sus productos hacia el continente, cuando la UE solo exporta un 8% de sus mercancías al otro lado del canal de la Mancha.
