El inmenso escándalo de corrupción que asedia al gobierno de Brasil nació casi por azar, en una gasolinera. Y siguió con un regalo caro que intrigó a los investigadores.
La estación de servicio se llama "Posto da Torre", un gran espacio comercial en el centro de Brasilia. Además de 16 bombas de combustible, tiene un minimercado, una cafetería y una lavandería.
Cuando la Policía Federal brasileña llegó allí dos años atrás, había también una casa de cambio donde sospechaba que lavaban dinero.
El operativo policial se llamó "Lava Jato", que en portugués significa "lavacoches", aunque en la gasolinera nadie limpiaba autos.
Ese nombre pasó a ser usado luego para todo el caso que desde entonces ha golpeado a Petrobras, la mayor empresa petrolera brasileña, llevó tras las rejas a políticos y poderosos empresarios, y puso bajo investigación al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Con más de 90 condenas emitidas hasta ahora y unos US$800 millones recuperados por los investigadores, es considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
El terremoto político desatado podría costarle caro a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien tiene la popularidad por el piso y enfrenta acciones opositoras para terminar su mandato con un juicio político en el Congreso o un proceso en el Tribunal Electoral.
Claro que todo esto era difícil de vaticinar cuando los agentes llegaron a aquella gasolinera el 17 de marzo de 2014.
"Nadie imaginaba que el Lava Jato iba a ser lo que es hoy", dijo un policía federal que desde el inicio sigue de cerca la investigación en Curitiba, la ciudad del sur de Brasil donde está radicada la causa judicial.
"Era una cosa chiquita, que creció y creció", agregó en diálogo con BBC Mundo.
Los doleiros
Los investigadores pusieron la mira en la estación de servicio de Brasilia después que comenzaran a monitorear las comunicaciones telefónicas de su dueño, Carlos Chater, en julio de 2013.
Habían llegado a él indagando presuntos delitos de lavado de recursos vinculados al exdiputado José Janene, quien hasta su muerte en 2010 tenía negocios en Paraná, el estado brasileño cuya capital es Curitiba.
La sospecha era que Chater actuaba como doleiro, nombre que en el mundo del crimen local reciben operadores ilegales del mercado de cambio.
Estos personajes crean una suerte de sistema bancario en las sombras, que es usado por individuos u organizaciones delictivas para ocultar y lavar dinero sucio.
Luego de vigilar durante algunos meses a Chater, los investigadores concluyeron que en realidad no estaban ante una, sino cuatro organizaciones delictivas que interactuaban, con doleiros como jefes.
Una de ellas era encabezada por Chater, quien más tarde sería condenado a penas de prisión por lavado de dinero por parte del juez de la causa, Sérgio Moro.
Otra de las organizaciones tenía como jefe a Alberto Youssef, quien según la fiscalía era "un antiguo conocido de los procuradores de la República y policías federales".
De hecho, Youssef ya había ido preso en 2003 por lavado de dinero y delitos contra el sistema financiero, en un caso anterior de evasión de fondos denominado Banestado.
En aquel entonces, Youssef logró escapar de una pena mayor firmando un acuerdo de colaboración inédito en Brasil, para reducir su condena a cambio de dar información, homologado por el juez Moro.
El caso Banestado fue, por cierto, un antecedente clave para el escándalo que estremece ahora a Brasil: además del juez, varios investigadores de aquel esquema ilícito pasaron luego a trabajar en el "Lava Jato".
Cuando volvieron a monitorear a Youssef por su vínculo con Chater, los agentes hallaron un correo electrónico que aludía a un regalo lujoso: una camioneta Range Rover Evoque.
Se asombraron al descubrir que el destinatario del obsequio de Yousseff era Paulo Roberto Costa, quien entre 2004 y 2012 había sido director de abastecimiento de Petrobras, un puesto crucial en el manejo de contratos.
El vínculo de la petrolera estatal con la red ilegal de lavado de dinero y sobornos quedó así expuesto ante los investigadores.
Pero el rompecabezas sólo consiguieron completarlo meses más tarde.
Los delatores
La primera fase de la Operación Lavacoches lanzada en la gasolinera de Brasilia comprendió en total 81 órdenes de allanamiento y 28 mandatos de prisión preventiva o temporal, en varias ciudades del país.
Fueron incautados autos deportivos, joyas, obras de arte y relojes lujosos.
El propósito era desarticular una red que lavaba dinero del narcotráfico, comercio ilegal de diamantes y desvío de fondos públicos, mediante gasolineras, lavanderías y otros comercios.
Costa, el exdirector de Petrobras, fue detenido tres días más tarde, el 20 de marzo de 2014.
El arresto se produjo después que familiares suyos fueran grabados por cámaras de seguridad de un edificio donde funcionaba una empresa de Costa, llevándose bolsas y mochilas a hurtadillas. Según los policías, estaban destruyendo pruebas.
La colaboración internacional también fue importante: fiscales suizos informaron a sus pares brasileños que en bancos de ese país había más de US$23 millones pertenecientes a Costa.
Todo indicaba a los investigadores que había un esquema oculto de desvío y lavado de dinero proveniente de Petrobras, pero faltaba descubrir cómo funcionaba exactamente y hasta dónde llegaba.
Entonces el caso dio otro giro clave, cuando en agosto de 2014 Costa llegó a un acuerdo de delación para reducir su pena, a cambio de devolver dinero, relatar crímenes y señalar a otros implicados.
Luego hizo lo mismo Youssef, que también tenía bastante para revelar.
Resultados
Con esos y nuevos testimonios, los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.
A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.
El dinero desviado oscilaba entre 1% y 3% del valor de los contratos con Petrobras, iba a compañías de fachada que los disfrazaban como pagos por consultorías, y pasaba por Youssef y otros doleiros antes de llegar a los destinatarios.
El escándalo nunca paró de expandirse, alimentado por un total de 49 acuerdos de colaboración que permitieron recuperar casi la mitad de los US$1.770 millones pagados en sobornos, según los fiscales.
Hasta el momento, 179 personas enfrentan acusaciones penales. Las condenas ya emitidas en primera instancia suman casi 1.000 años de prisión.
Entre ellos están el extesorero del PT, João Vaccari, antiguos directores de Petrobras y el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado este mes a 19 años y cuatro meses de cárcel.
Youssef y Costa recibieron también este mes penas de 20 años y algunos meses de prisión cada uno. Pero como tenían otras condenas previas y fueron delatores del caso, podrán recibir beneficios del juez.
Ahora la gran pregunta es hasta dónde llegará la causa.
El expresidente Lula ha sido investigado por sospechas de que recibió beneficios ocultos de firmas constructoras. Pero él lo niega y critica al juez Moro y a los investigadores, sugiriendo incluso que han causado perjuicios a la economía brasileña.
La semana pasada, un ministro del Supremo Tribunal Federal pidió a Moro que enviase las investigaciones sobre Lula a esa corte, la más alta de Brasil, que ahora debe resolver si continúa con ellas o las devuelve total o parcialmente al juez de primera instancia.
En su decisión, el ministro Teori Zavascki criticó la publicidad que Moro dio a conversaciones telefónicas de Lula grabadas por los investigadores, incluida una con Rousseff que aumentó las sospechas de que lo nombró ministro para darle fuero judicial especial y evitar su eventual arresto.
La designación de Lula como jefe de gabinete del gobierno fue suspendida por otro ministro del Supremo.
Mientras, la gasolinera donde comenzó todo aun atiende cientos de vehículos al día en la capital. Claro que ahora lo hace sin una casa de cambio dentro.
